Este jueves la Legislatura bonaerense tratará el Presupuesto 2023. Manifestantes de izquierda se nuclearon en 7 y 50 para protestar contra la medida, que planifica las partidas presupuestarias previstas de cara al año que viene en todas las carteras y áreas de la administración provincial.
Guillermo Pacagnini, diputado provincial por el FIT y secretario general de CICOP, dijo en diálogo con 0221.com.ar que el Presupuesto previsto es "de ajuste, porque vuelve a reducir en términos absolutos y/o relativos las partidas sociales en general: salud, educación, vivienda, ambiente. Y por otro lado aumenta el endeudamiento de la provincia, porque duplica los pagos para el año 2023 amén de reconocer toda la deuda de (María Eugenia) Vidal que es lo que viene criticando (Axel) Kicillof".
El gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión con intendentes, legisladores y ministros para organizar la movilización en respaldo a Cristina Kirchner.
El Ministerio de Seguridad ordenó que fuerzas federales acudieran a la Autopista La Plata-Buenos Aires frente a posibles piquetes por la condena a CFK.
Además, "en tercer lugar, creemos que es un presupuesto de precarización laboral, porque el Gobernador está publicitando que aumenta la planta de trabajadores, y efectivamente aumenta el número pero lo hace a expensas claramente de precarización laboral: plantas transitorias y figuras precarias en el Estado, cosa que en las provincias era donde menos ocurría. Ahora lo están aumentando", señaló el dirigente.
Y agregó que el Presupuesto también aumenta la partida en seguridad, "que ya sabemos que se lee en clave de represión". Por ese motivo es que militantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores, legisladores de izquierda y representantes del sindicalismo combativo movilizaron en la emblemática esquina y luego se dirigieron al parlamento provincial.
Por último, los manifestantes bregan por que se aprueben dos leyes fundamentales en la jornada de este jueves: una que repara históricamente la enfermería y la toma como carrera profesional, y otra que habilitaría la expropiación de Madygraf, la gráfica que quebró y es administrada por una cooperativa de sus propios trabajadores y trabajadoras.