El Gobierno estudia otorgar un bono de fin de año a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que suman más de 1.300.000 personas. Se trata de una demanda de los movimientos sociales oficialistas y que pretende evitar piquetes, movilizaciones y mesas en la calle el 24 de diciembre que recuerden a la "Navidad de los pobres" que realizaron en 2018 contra el gobierno de Mauricio Macri.
Según trascendió, el valor sería de $15.000, aunque aún no fue confirmado y es evaluado en la Casa Rosada por Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Hasta el momento solo estaba asegurado el pago del complemento de ingresos -o bono contra la indigencia- de 24.500 pesos en diciembre, destinado al sector más vulnerable de la población.
Funcionarios del ministerio de Desarrollo Social le aseguraron a Infobae que el anuncio del bono sería en los próximos días. Massa estaría ajustando los números para definir la cifra final y evitar así un desajuste en los balances y compromisos tomados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque el bono no tiene el carácter del aguinaldo que pidieron al Poder Ejecutivo Nacional expresamente los dirigentes del Movimiento Evita, Gildo Onorato y Esteban "Gringo" Castro, la cifra se asemeja a la mitad del beneficio que reciben por mes los titulares del Potenciar Trabajo, que es el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La semana pasada, a través de una asamblea abierta realizada en el Obelisco, organizaciones sociales oficialistas votaron, por primera vez desde que Fernández llegó a la presidencia, un plan de lucha contra los ajustes a los planes y programas, sobre todo al Potenciar Trabajo. También exigen que se normalice la entrega de alimentos para los comedores y merenderos populares, un bono de fin de año, una canasta navideña y que los titulares del Potenciar Trabajo sigan cobrando la mitad del salario mínimo por 4 horas de labor.

Cabe recordar que hace pocos días, Tolosa Paz anunció otras 20 mil bajas a ese programa social porque el Banco Central detectó que esos beneficiarios compraron dólares con tarjeta de crédito. La AFIP había establecido que más de 250.000 titulares de ese programa recibían el beneficio por parte del Estado de manera presuntamente irregular, porque tendrían incompatibilidades. El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a la ministra por presunto mal desempeño, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por no haber hecho una baja automática.