Obtuvo la libertad bajo caución juratoria. La mujer admitió su situación económica crítica, se mostró arrepentida y se comprometió a reparar el daño.
Una mujer de 42 años, acusada de haber utilizado sin autorización los datos de la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo para realizar compras online, fue excarcelada en La Plata. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 5 tras una audiencia en la que la imputada reconoció el hecho, expresó arrepentimiento y expuso un complejo cuadro personal y económico.
La resolución judicial puso el foco no solo en las condiciones procesales del caso, sino también en la situación de vulnerabilidad que atraviesa la acusada: madre sola de un niño de 7 años, con ingresos bajos y sin cumplimiento regular de la cuota alimentaria por parte del padre del menor.
Una persecución terminó en un fuerte choque en 15 y 33. Hubo heridos, autos dañados y tres sospechosos detenidos en La Plata tras una fuga que quedó filmada.
La fiscal de la causa decidió que el acusado por exhibiciones obscenas en el Paseo del Bosque de La Plata continúe el proceso en libertad.
Durante la audiencia, la mujer explicó que atraviesa un prolongado conflicto con su expareja, quien no cumple de manera sostenida con la obligación alimentaria. Esta situación, sumada a su salario insuficiente, la colocó en una posición límite para afrontar los gastos básicos.
Según surge del expediente, la imputada es el principal sostén económico de su hijo menor, sin contar con una red de contención familiar que pueda asistirla en el cuidado del niño. Este punto fue especialmente valorado al momento de analizar su situación procesal.
En ese marco, la mujer manifestó estar arrepentida por lo ocurrido y expresó su voluntad de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. En concreto, se comprometió a reparar el daño económico causado, devolver el dinero y pedir disculpas a la víctima.
Además, durante la audiencia se dejó constancia de que en el pasado había realizado tratamientos psicológicos y psiquiátricos de manera privada, aunque actualmente no los estaba llevando adelante.
La causa se inició en enero, a partir de la denuncia de una auxiliar de limpieza de un jardín de infantes de La Plata que detectó consumos desconocidos en su tarjeta de crédito.
A partir de tareas de ciberinvestigación, la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense logró identificar como principal sospechosa a una compañera de trabajo de la denunciante. Según la pesquisa, la acusada habría obtenido los datos de la tarjeta en el lugar donde ambas guardaban sus pertenencias.
La investigación determinó que entre noviembre y diciembre de 2025 se habrían realizado múltiples compras online, incluyendo pasajes a la Costa Atlántica, electrodomésticos, ropa, joyas y pagos de servicios, generando un perjuicio económico significativo.
El procedimiento policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la zona este de La Plata, donde se concretó la detención. Durante el allanamiento se secuestraron diversos elementos presuntamente adquiridos con el dinero de la víctima: un televisor, una cama de dos plazas, ropa, un celular, una notebook y anotaciones con datos de tarjetas.
La causa fue caratulada como "estafa" —más precisamente, defraudaciones informáticas reiteradas— y quedó en manos de la UFI N° 16 de La Plata.
Al momento de resolver, la jueza Marcela Garmendia evaluó que no existían riesgos procesales concretos —como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación— que justificaran mantener la detención.
En ese sentido, se consideró que la imputada cuenta con arraigo en la ciudad y que su situación encuadra dentro de los supuestos previstos por el Código Procesal Penal para conceder la excarcelación.
La medida se otorgó bajo caución juratoria, lo que implica que la acusada recupera la libertad sin necesidad de abonar una suma de dinero, pero asumiendo formalmente el compromiso de cumplir con determinadas reglas de conducta.
Entre las obligaciones impuestas por la Justicia se destacan:
Además, se dispuso la realización de un seguimiento integral que permita evaluar su evolución y condiciones de vida, en línea con el enfoque adoptado por el juzgado al momento de conceder el beneficio.
La defensa de la imputada, a cargo del abogado penalista Miguel Molina, tuvo un papel central en la audiencia que derivó en la excarcelación.
El planteo defensivo puso énfasis en varios aspectos clave: el arraigo de la acusada, su rol como madre a cargo de un menor, la ausencia de riesgos procesales y la situación económica crítica que atravesaba al momento de los hechos.
La intervención de un abogado particular permitió articular estos elementos de manera técnica y ordenada, logrando que la jueza contemple no sólo la gravedad del delito imputado sino también las condiciones personales de la acusada.
Si bien la mujer recuperó la libertad, la investigación continúa su curso. La imputada seguirá vinculada al proceso penal y deberá cumplir estrictamente con las condiciones impuestas por la Justicia.
El expediente avanza bajo la figura de defraudaciones informáticas reiteradas —cuatro hechos en concurso real—, un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo en determinados casos.
En paralelo, el caso también deja al descubierto una problemática recurrente: la combinación de vulnerabilidad económica, conflictos familiares y delitos vinculados a medios digitales, un fenómeno cada vez más frecuente en el ámbito judicial.
La resolución judicial, en este contexto, buscó equilibrar la necesidad de garantizar el proceso penal con una mirada sobre la realidad social de la imputada, sin dejar de exigirle responsabilidades concretas de cara al avance de la causa.