En la jornada de alegatos, el bloque acusatorio pidió al jurado ciudadano que declaren “culpables” a Marina Paola Irala y Cristian David Olguín acusados por el crimen del abogado Miguel Ángel Gómez ocurrido en la noche del 15 de noviembre de 2015 en su casa de City Bell aunque el cuerpo fue hallado al día siguiente en una cantera de la localidad de Melchor Romero. Los acusados estaban en pareja y planeaban formar una familia, pero él fue detenido acusado de narcotráfico. Ella recurrió al abogado Gómez para que tome su defensa pero terminó entablando con él una relación sentimental. Se convirtieron en concubinos y tuvieron una hija mientras Olguín estaba en la cárcel.
La primera en alegar fue la fiscal de juicio Helena de la Cruz quien se puso de pie frente al jurado ciudadano. En tono firme y sin vacilar aseveró:"Fue un homicidio a sangre fría, con premeditación, con mucha saña tal como les anticipé en los lineamientos previos al inicio del juicio”. La magistrada recordó que esa noche “Miguel estaba viendo por televisión el debate presidencial entre Daniel Scioli y Mauricio Macri”. En paralelo la acusada (que era la concubina de la víctima) se mensajeaba por Whatsapp con Olguín (su amante). “Dale de comer al perro por si las moscas” y “acordate de dejar la puerta abierta” fueron dos de los mensajes que la fiscal puso en contexto y los utilizó como prueba de cargo.
“Olguín entró a la casa con su secuaz hasta hoy desconocido, atacaron a Miguel, lo atontaron con el primer golpe, no tuvo posibilidad de defensa, lo quemaron con agua hirviendo y golpearon salvajemente con un hacha”, describió la fiscal como mecánica del ataque. Fueron golpes de tortura, de ensañamiento, para prolongar el sufrimiento de la víctima. Olguín practicaba boxeo de manera aficionada, estaba entrenado, sabe pegar para lastimar.
Tras el hecho Irala les daba versiones distintas a los hijos de la víctima. Eso les llamó la atención. Además no permitía que suban al segundo piso de la vivienda, hasta que una de las hijas vio manchas de sangre en el marco de una puerta, les tomó fotos y las aportó a la investigación. Así comenzó a tomar músculo la hipótesis de los investigadores.
“Él se quería separar, se lo dijo a todos, ella le hacía falsas denuncias de violencia de género, en una oportunidad lo atacó dormido y Miguel no lo denunció por vergüenza, ella quería esa casa (la que compartían) a toda costa”, señaló la fiscal quien en relación al móvil del crimen describió que se trató de una “venganza” de Olguín por haber embarazado a “su amor con quien planeaba tener hijos”.
Sobre el final de su alegato la funcionaria recordó: “Decidí estudiar Derecho porque me duele mucho la injusticia” y enfatizó que “jamás acusaría a una persona inocente, nunca lo hice”.
El cierre de su exposición fue con la reproducción de un mensaje de voz que la víctima, a quien describió como “un buen padre” les había enviado a sus hijos quienes estaban en la sala de audiencias y se emocionaron hasta las lágrimas y el llanto.
Luego fue el turno de abogado Julio Beley en representación de los hijos de su colega asesinado. Destacó el “excelente profesionalismo de las fiscales Virginia Bravo (en la instrucción de la causa) y Helena de la Cruz” durante el juicio. También resaltó que “Miguel era un abogado seductor, le daba alegría a cualquier persona”.
Sobre las pruebas del caso consideró que “el cuerpo de la víctima habló, tenía heridas, hemorragias y mostraba ensañamiento”. Hizo foco en el “la relación entre Miguel a Irala era pésima, tenía fecha de caducidad cuando la nena (hija de ambos) cumpliera un año de edad”.
Este hecho “para Olguín fue una venganza por haberle quitado a su pareja mientras estaba en la cárcel y la víctima lo defendía en sus causas penales”, dijo el abogado. También expresó: “Queremos encontrar a la tercera persona”, en relación a la participación de otro hombre en el crimen que hasta el momento no puso ser identificado.
Al cierre de esta nota los defensores Solange Alonso Barnetche (defensora de Irala) y Martín Herrero Carré (por Olguín) exponían sus argumentos para lograr que sus asistidos sean declarados inocentes. En caso contrario deberán purgar una pena de prisión perpetua ya que se trata de un caso de homicidio con varias agravantes. La resolución del caso será en las próximas horas.
El juicio por jurados es un tipo de enjuiciamiento en el que ciudadanos ajenos al Poder Judicial definen si la persona acusada es culpable o no. La idea detrás de los jurados es que una persona sea juzgada por sus pares. lo que determina el jurado es si existió el delito y la culpabilidad de la persona. La pena es luego establecida por el juez que está presente durante todo el proceso y los guía, explicándoles su rol y manteniendo el orden y disciplina de las partes durante el proceso. En este caso se trata de Claudio Bernard del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, uno de los magistrados con mayor experiencia en este tipo de procesos dentro del Departamento Judicial de La Plata y en la judicatura provincial.
Durante el proceso el jurado es un mero observador, sin posibilidad de intervenir en las exposiciones de las partes. Para declarar culpable a una persona en la provincia de Buenos Aires 10 de los 12 miembros deben estar de acuerdo y para una condena a prisión perpetua se necesita la unanimidad. En caso de no llegar a acuerdo se puede declarar “jurado estanco” y hay una serie de medidas para salir de esa situación.
Si el jurado declara que la persona no es culpable, esta decisión no puede ser apelada y la persona queda definitivamente absuelta. Si es declarado culpable, en cambio, la defensa sí puede apelar y llegar a instancias judiciales superiores.
