Durante la década del 90, a la reiteración de denuncias judiciales por casos de torturas, ajusticiamientos y ausencias inexplicables de jóvenes le siguieron, tibiamente, reclamos callejeros y las primeras respuestas de familiares y amigos sumidos en la pesadumbre, la indignación y la impotencia. Poco a poco, la condena por la reiteración de casos cobró fuerza y comenzaron a surgir entidades orientadas al seguimiento, la asistencia de las víctimas y la denuncia sostenida hacia las instituciones permeables a aquellos abusos. Fue entonces que entidades como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fundado en 1979 como respuesta a la necesidad de encarar acciones ante las sistemáticas violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, empezaron a advertir la urgencia de orientar su agenda hacia la protección de esos derechos fundamentales en democracia. En su página web, la entidad señala, al reseñar su historia: “El CELS añadió, hacia fines de los años 80, la investigación y denuncia de numerosas violaciones a los derechos humanos vinculadas al accionar violento de las fuerzas de seguridad, las condiciones infrahumanas de detención de las personas privadas de su libertad en comisarías y cárceles de todo el país y la persistencia de situaciones de crueldad institucional como torturas, malos tratos o abusos, fundamentalmente contra los sectores más excluidos de la sociedad”.
Otro emergente fue la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), creada en 1992, y que se presenta como “una organización política que activa en el campo de los derechos humanos, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del Estado”. La propia institución define su razón de ser en “caracterizar, denunciar y combatir esas políticas represivas, poniendo en evidencia su carácter esencial e inherente al sistema capitalista”.
Para esa misma época surgió la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social, Policial, Judicial e Institucional (COFAVI), originada en el encuentro de padres y madres que habían perdido a sus hijos a manos de uniformados y que se fueron conociendo en los juzgados, a través de sus abogados o en un set de televisión, donde concurrían a pedir justicia.
Durante años, el abogado León Zimerman, fundador de CORREPI, denunció los crímenes protagonizados por policías que, ahogados por las intrigas montadas para encubrir y el desinterés mediático, se repetían en el país desde el retorno de la democracia, en especial, en los desheredados barrios periféricos del conurbano. Zimerman –fallecido en marzo de 2007– refutaba a las cúpulas policiales y al poder político desde donde se justificaban los abusos policiales como “excesos” o arrebatos aislados de algún efectivo enloquecido. Para muchos como él, en democracia, la figura de la “violencia institucional” vino a reemplazar al tétrico “terrorismo de Estado”. Según esta visión, se trata de facetas diversas de un mismo fenómeno represivo.
CORREPI empezó a construir el primer padrón de casos de brutalidad policial en 1996. Por entonces, los gobiernos de Carlos Menem, en la Nación, y Eduardo Duhalde, en la provincia de Buenos Aires, intentaban rechazar la instalación mediática de la figura del “gatillo fácil”, vinculada a la reiteración de denuncias por fusilamientos policiales. En una de sus habituales rondas de prensa, el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, replicó: “Señores, no hay gatillo fácil, lo que hay son periodistas de pluma fácil”. El propio Menem llegó a echar mano a esa expresión en más de una oportunidad. Aquella mañana Corach fue más allá y redobló la apuesta al reclamar: “Quiero nombres, ¿dónde están los nombres?”.
Delia Garcilazo estaba en su casa con la radio prendida cuando escuchó el desafío del ministro. La mujer había perdido a su hijo, Rodolfo Ríos, de 23 años, que murió desangrado en un pasillo de la cárcel de Caseros, tras recibir una paliza de parte de agentes del Cuerpo de Requisa del penal. El episodio, ocurrido el 21 de noviembre de 1992, había llevado a Garcilazo a desplegar una militancia infatigable que desde 1994 ejercía en la CORREPI. Cuando escuchó al funcionario, la reacción de la mujer fue casi instantánea. Desde entonces y durante meses recorrió redacciones para armar artesanalmente la primera nómina, conformada por hechos de violencia institucional, de que se tenga memoria. Así nació el archivo de casos de la CORREPI.
Resulta al menos llamativo que en un país como la Argentina, donde al cabo del gobierno de facto se decidió constituir la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar la suerte de miles de ciudadanos cuyo destino era ignorado, el peso del seguimiento de este tipo de crímenes en democracia haya recaído solo en organizaciones no gubernamentales.
Desde el restablecimiento de las instituciones de la República, en 1983, la inserción de las fuerzas de seguridad en la nueva etapa se convirtió en un verdadero intríngulis para la dirigencia política, que aún hoy parece no haber hallado un plan de conducción y control sustentable en el tiempo que enfrente con eficacia tanto las asignaturas pendientes del pasado como los desafíos del presente.
En ese contexto, la Policía de la provincia de Buenos Aires, la fuerza civil armada más numerosa del país, se convirtió en un reto mayúsculo. Como se sabe, los problemas estructurales de los uniformados provinciales deben rastrearse desde sus propios orígenes, que los asocian con del delito y la marginalidad en actividades prohibidas como el juego clandestino y la prostitución. Ya en la década del ‘60, la descarnada descripción del escritor Rodolfo Walsh mostraba a esa policía como “una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley”. Tiempo después, las improntas del general Ramón Camps –que condujo la policía bonaerense entre abril de 1976 y diciembre de 1977– y de su sucesor en el cargo, Pablo Ricchieri –que permaneció hasta diciembre de 1980–, fue decisiva en la contribución al aparato terrorista-estatal dependiente del Primer Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en territorio bonaerense. En la provincia funcionaron numerosos centros de detención clandestina, en los que se llevó a cabo en forma sistemática la privación de la libertad, la tortura y el asesinato de personas perseguidas por el régimen. En El péndulo. Reforma y contrarreforma en la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Editorial Octubre, 2015), el experto en seguridad Marcelo Sain sostiene que la policía provincial tuvo un papel “masivo, sistemático e institucional en el esquema represivo” y que esto adquirió características especialisimas en La Plata, como sede del gobierno y de la conducción de la fuerza. Siguiendo el mismo análisis, las denominadas Brigadas de Investigaciones “constituían sus núcleos organizacionales básicos”, desde los que se “condujo y coordinó el accionar de los llamados ‘grupos operativos’ o ‘patotas’, encargados de perseguir, secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas”. Una huella que perduró más allá del fin de la dictadura.
FIN DEL ENCUBRIMIENTO
Los policías que se llevaron a Nuñez de su casa alegaron que investigaban el robo de una bicicleta. Sin embargo, en el expediente nunca se acreditó que existiera esa denuncia, como tampoco una orden de detención formal contra el joven.
Núñez aguantó casi dos horas de tormentos. Primero lo golpearon con dureza en el rostro y el abdomen. Su mutismo embraveció a los uniformados, que decidieron pasarle electricidad por el cuerpo luego de tirarle agua y, finalmente, le colocaron una bolsa de nylon negro en la cabeza para volver a golpearlo. En medio de la paliza Núñez se descompensó y perdió el control de esfínteres. Cuando le quitaron la bolsa su rostro tenía los ojos abiertos pero no reaccionaba. Después de unos instantes de desconcierto y algunas llamadas telefónicas, los policías decidieron deshacerse del cuerpo. Ya había empezado a clarear cuando los policías sacaron por el portón de la cochera el cuerpo inerte de Núñez dentro del baúl de un Ford Falcon azul con techo de vinilo negro. El vehículo chirrió al doblar la esquina y se perdió por calle 12.
La trama del encubrimiento del homicidio de Andrés Núñez, que salpicó hasta los niveles más altos de la Policía Bonaerense y a actores del gobierno y de la Justicia de la provincia, comenzó a urdirse la misma madrugada del 28 de septiembre de 1990. A horas de ocurrido el hecho, las principales medidas de ocultamiento ya se habían tomado: se trasladó el cadáver a un campo en General Belgrano donde se lo incineró y ocultó. Varios policías modificaron su fisonomía para evitar ser identificados, el Libro de guardias donde figuraba el ingreso de Núñez fue suprimido y se lo reemplazó por uno nuevo, sin esa novedad, también se intimó a los presos para que no hablaran sobre lo ocurrido aquella noche y evitaran colaborar con los investigadores. De las intrigas estuvieron al tanto inmediatamente varios miembros de la máxima jerarquía de la fuerza, además de los actores judiciales de guardia, bajo cuya competencia se trazó una estrategia de desvío intencional de la pesquisa.
Así, la suerte de Nuñez se volvió un misterio insondable. El juez a cargo del caso, Amílcar Vara, no consiguió ni un solo avance en la investigación mientras que los familiares denunciaban la responsabilidad de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata donde, a partir del relato de testigos, Andrés había sido visto por última vez.
En 1994 y ante la multiplicación de casos que involucraban a policías en la Legislatura se conformó una comisión especial para seguir el tema. En ese contexto, un testigo de reserva de identidad señaló al juez Vara como parte del encubrimiento del caso Núñez. En un acta secreta puede leerse: “Vara nos dijo que si el cuerpo del occiso no aparecía no existiría tampoco el delito de homicidio. Si no hay cadáver no hay delito, así de sencillo… y él arregló todo, y a partir de ese momento tuvimos que empezar a juntar plata para pagar esa cobertura”. El documento nunca llegó a Tribunales. Tampoco se adosó a la causa otra acta reservada en la que el entonces jefe de Policía Pedro Klodzcyk admitía ante esos mismos legisladores que las máximas autoridades policiales supieron lo ocurrido con Núñez desde un primer momento.
Para entonces, la amplia difusión que había adquirido el caso de Miguel Bru -desaparecido el 17 de agosto de 1993- a partir de la comprometida tarea militante de un grupo de compañeros de la todavía Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP llevó a que los medios de comunicación concentraran la atención sobre la figura de Vara. Esto sirvió, en aquellos días, para ayudar a instalar en la opinión pública el caso de Andrés Núñez. De tal suerte que ambos casos, con notables similitudes, se potenciaron entre sí.
De hecho, las primeras sospechas de los Bru sobre Vara surgieron a partir de que una fuente del propio juzgado advirtió a la familia de Miguel que reparara en la actitud del magistrado en el caso Núñez. En marzo de 1995, Mirna Gómez, pareja de Andrés, y Rosa Schonfeld, la mamá de Miguel, decidieron hacerle llegar una carta abierta al presidente Carlos Menem en la que solicitaron su intermediación ante la Justicia y la Policía Bonaerense para esclarecer los casos. “Mirna Lilian Gómez, esposa del primer desaparecido en época de gobiernos democráticos, Andrés Alberto Núñez (27-09-90) y Rosa Schonfeld de Bru (desaparecido el 17-08-93), tenemos el alto honor de dirigirnos a V. E. haciendo uso del Derecho Constitucional de peticionar ante las autoridades, artículo 14 de la Constitución Nacional”, comenzaba la misiva.
“Nuestros muertos, Andrés Alberto Núñez y Miguel Bru, que yacen vaya a saber dónde, no tuvieron siquiera una cristiana sepultura: la única diferencia entre aquellos desaparecidos (en referencia a las víctimas de la dictadura militar) y nuestros desaparecidos es que los nuestros fueron secuestrados, torturados y ejecutados en plena vigencia del sistema de gobierno republicano. La mayoría de los funcionarios del fuero penal del departamento judicial La Plata que les tocó intervenir en las causas en que se investigan las desapariciones actuaron con la misma tozuda sordera que lo hacían cuando le presentaban los habeas corpus en los años del proceso militar. Apelamos a usted porque queremos Justicia y porque queremos enterrar a nuestros muertos. En esa impetración queremos que usted, señor Presidente, adopte los medios para desterrar la actitud nulicente (sic) y cómplice de la Policía y el Poder Judicial de nuestra provincia, que será saludable para el Sistema Republicano en que queremos vivir... Necesitamos imperiosamente de una decisión política de peso”. El estilo de la escritura revela la intervención de quien impulsó la medida: la doctora Elba Témpera, abogada iba a terminar por representar a ambas familias.
CAMBIO DE JUEZ
El 8 de agosto de 1995, luego de que el juez Vara fue apartado de la causa al constatarse severas irregularidades en su trámite, el sargento primero José Daniel Ramos se presentó en el juzgado acompañado por Témpera, que había esperado el desplazamiento de Vara para aportar ese nuevo testimonio. Ramos trabajaba en la Brigada de La Plata en el momento del crimen, pero hasta ese momento nunca había estado involucrado en el caso, ya que no figuraba en los listados porque dependía formalmente de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Al prestar declaración testimonial bajo estricta reserva de identidad, el suboficial, que entonces revistaba en la Comisaría 4ª de San Francisco Solano, adelantó que nunca había visto en su vida a Núñez y dijo que lo que tenía para contar se lo había enterado por “chusmeríos internos”.
Ramos guió al nuevo juez del caso, Ricardo Szelagowski hasta el establecimiento El Roble en General Belgrano, a unos 100 kilómetros de La Plata donde el cuerpo había sido incinerado dentro de un viejo tanque australiano. El campo era propiedad de un familiar del comisario retirado Mario “Chorizo” Rodríguez, alto jefe policial en el apogeo de la “Maldita Policía” que era padrino del oficial Pablo Martín Gérez, jefe del operativo en el que Andrés fue detenido.
A Núñez lo mutilaron y le prendieron fuego debajo de un tanque australiano. Sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Debajo de la chapa de zinc que tapaba el cuerpo encontraron restos de la mochila y la ropa que llevaba puesta el día de su muerte y un peine que fue reconocido por Mirna.
En ese tiempo el caso tuvo una gran repercusión mediática. Ya hacía varios años que los organismos defensores de los derechos humanos y los principales medios de comunicación coincidían en calificarlo como el del “primer desaparecido” en el período democrático inaugurado en 1983. Así quedó reflejado en la mayoría de las crónicas publicadas por los medios. Así también fue considerado internacionalmente en diversos informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la organización Amnesty International, que lo incluyó en su reporte anual sobre violaciones a los derechos humanos correspondiente a 1996.
El 10 de diciembre de 2010, la Sala II de la Cámara Penal de La Plata, integrada por María Elia Riusech, Laura Lasaga y Raúl Dalto, condenó a reclusión perpetua a Víctor Dos Santos y Alfredo González por “torturas seguidas de muerte”. En su dictamen, los jueces dieron por acreditado que el 28 de septiembre de 1990 Núñez, de 32 años, que convivía en concubinato y tenía una hija menor de edad, fue secuestrado en su casa del partido de Ensenada por un grupo de policías que se movilizaba en un Fiat 147. Una vez que lo redujeron, lo trasladaron en el asiento trasero del vehículo hasta la Brigada de Investigaciones de La Plata donde fue sometido a golpes y torturas que le provocaron la muerte para que se declarara culpable del robo de una bicicleta, hecho que no había cometido. Según el dictamen, la tortura sufrida por la víctima consistió “en la colocación de una bolsa de nylon en la cabeza y la aplicación de golpes, hasta provocarle la muerte”.
El tribunal hizo mención, además, al “pacto de silencio y la complicidad de los policías” y a la confabulación de muchas personas y por mucho tiempo con el único objetivo de ocultar el delito”. En su voto –el más severo del fallo– el camarista Dalto consideró: “La justicia que se impartió en la primera etapa de este proceso, obstaculizada y plagada de irregularidades, ilicitudes, violaciones procesales y quebrantamientos constitucionales, no fue lo que la justicia debe ser”. Y, dirigiéndose a los familiares y allegados presentes, agregó: “A esta gente para la cual la justicia es un servicio, de nada sirve hablarles de recusaciones, excusaciones, plazo razonable, recursos extraordinarios, nulidades. Querían justicia, y después de veinte largos, interminables e injustos años llegó”.
El 8 de mayo de 2013, fecha en que se conmemoraba por primera vez el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, en recuerdo de la denominada Masacre de Budge, la Suprema Corte de Justicia bonaerense alcanzó el acuerdo 2078 por el cual dispuso la imprescriptibilidad del crimen de Andrés Núñez. Los ministros definieron que no podía avalarse la prescripción de las imputaciones del caso Núñez, por tratarse de una “grave vulneración de derechos humanos” que compromete la responsabilidad del Estado Argentino en su cumplimiento de los pactos internacionales de la materia que ha firmado. La decisión recayó sobre el expediente “Gómez Mirna, Particular damnificada sobre Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley” registrado por el máximo tribunal de la provincia con el número 109.447, que involucraba a un grupo de los uniformados acusados por “omitir denunciar torturas”. En el fallo, guiado por el voto de Daniel Fernando Soria y acompañado por sus pares Hilda Kogan, Héctor Negri y Eduardo Pettigiani, los jueces rechazaron, sin embargo, la pretensión de Hortel, sobre que el asunto debía encuadrarse como un “delito de lesa humanidad” y por ello mantener vigente la persecución penal de todos los imputados. Los magistrados optaron por una solución sui generis: consideraron el crimen como una “grave vulneración de derechos humanos fundamentales” y declararon su imprescriptibilidad como forma de garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado. Señalaron que era preciso “que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido”. Y agregaron: “La obligación de investigar constituye un medio para alcanzar esos fines, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado”
En abril de 2015 la titular del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, Marcela Garmendia, desestimó las acusaciones que pesaban sobre otro grupo de policías: el ex titular de la Brigada platense Pedro Costilla; el ex agente de la Brigada de Investigaciones de La Plata Gustavo Carlos Veiga; y los oficiales César Carrizo y Ernesto Zabala.
En 2017 el ex comisario Luis Raúl Ponce, que aquella noche estaba a cargo de la Brigada, fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como “coautor funcional de la privación ilegal de la libertad, en concurso real con torturas seguidas de muerte”.
En tanto, el ex oficial Pablo Gerez, señalado como quien comandó el operativo en el que Núñez fue secuestrado y participó del asesinato y ocultamiento continúa prófugo de la Justicia. La última vez que se supo de él fue en 2009, cuando, a través de la abogada Natalia Nosenzo, presentó un escrito firmado de puño y letra para pedir la prescripción de la causa. Pese a que, los familiares de la víctima han aportado pistas y datos para su posible localización, hace más de tres décadas que no puede ser hallado.
