La Cámara Federal de Casación realizó la audiencia para definir si confirma o no la condena por delitos de lesa humanidad a dos hermanos sentenciados por la desaparición, torturas y muerte del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Por el crimen fueron condenados hermanos Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez a 15 y 11 años de prisión, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó una nueva revisión de la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mar del Plata en el año 2012 en Tandil por el secuestro y asesinato del letrado oriundo de la localidad de Olavarría.
El caso Moreno fue la primera condena en provincia de Buenos Aires a civiles ligados con la última dictadura cívico militar que abrió el camino para el juzgamiento de personas que no formaron parte de las fuerzas armadas pero que colaboraron con la represión ilegal.
La audiencia se desarrolló este miércoles 7 de julio, fecha en que se conmemora el día del abogado laboralista en homenaje a los letrados secuestrados durante la denominada Noche de las Corbatas. El doctor Moreno se desempeñó como abogado de obreros mineros. Defendía los derechos de los trabajadores de la cementera Loma Negra, una de las empresas que económicamente más crecieron y se beneficiaron al calor de la dictadura.
Durante la audiencia el abogado César Sivo, en representación de la familia Moreno, tras analizar nuevamente todos los pormenores del caso acotados a la audiencia señaló que “la sentencia debe ser confirmada en toda su extensión y mantener las condenas de 15 y 11 años de prisión para Felipe y Manuel Mendez”.
Por su parte la defensa de los acusados abogó por la libre absolución de sus asistidos. El contrapunto debe ser resuelto por la Sala IV de Casación Federal, integrada para esta causa por Javier Carbajo y Ángela Ledesma.
Matías Moreno además de ser uno de los hijos de la víctima también es el subsecretario de Derechos Humanos (DD HH) de la provincia de Buenos Aires. Al tomar la palabra en la audiencia, recordó que su padre se recibió en la universidad pública con sede en La Plata donde pudo estudiar gracias a una beca que le otorgó la Municipalidad de Olavarría.
“Fue comprobado que se necesitaron generar legitimidades en el cuerpo social para llevar a cabo el sistema nacional de represión. Conformar relaciones con poderes de la sociedad civil, empresarios, un sector de la Justicia, sectores eclesiásticos, medios masivos de comunicación”, sostuvo el funcionario en relación a la dictadura.
Sobre su padre expresó que “su actuación como defensor de los trabajadores mineros de la fábrica Loma Negra descubrió que los trabajadores se morían por las condiciones insalubres de trabajo” y recordó que los certificados de defunción no indicaban las verdaderas causas de muerte de los obreros.
A criterio de esta Subsecretaría de DDHH bonaerense, la decisión de la Corte Suprema que benefició a los condenados Emilio y Julio Méndez, partícipes del secuestro y asesinato en abril de 1977 del abogado de los trabajadores de la cementera Loma Negra, dificulta el avance de la causa al volver a demorar la confirmación de las condenas paradigmáticas que habían sido dictadas hace más de 8 años.
“Tan evidente resulta la participación de los hermanos Méndez en el secuestro de Moreno, que las fundamentaciones supuestamente vinculadas con el respeto de las garantías procesales esgrimidas a través del voto del presidente de la Corte, adquieren otra significación que parece imponer un límite: el juzgamiento a civiles y a actores económicos”, expresaron desde el organismo mediante un comunicado oficial.
