El Concejo Deliberante de La Plata empezará a debatir en los próximos días un proyecto de ordenanza por el cual se busca prohibir la actividad del transporte a través de aplicaciones como UBER, DiDi, Beat o Cabifi, un reclamo por el cual venían insistiendo las asociaciones de taxistas y remiseros.
La iniciativa, que fue presentada por el bloque del Frente de Todos y remitida a la Comisión de Transporte la prohibición en el partido de La Plata de "todos servicio de transporte automotor de pasajeros y pasajeras que no se encuentre regulado mediante ordenanzas pertinentes y no cuenten con la habilitación municipal correspondiente".
Una conductora de Uber fue atacada por falsos pasajeros en La Plata. Le robaron el celular y la billetera tras tomarla del cuello dentro del vehículo.
La memoria construye identidad individual y colectiva. Los recuerdos, emociones y testimonios sostienen el sentido de pertenencia a La Plata.
Aunque en el articulado no se hace mención explícita a las aplicaciones mencionadas, sí se las expone en los fundamentos. "En el partido de La Plata existe una red de transporte privado, remunerado y oneroso, de personas en vehículos particulares a través de aplicaciones ilegales (UBER, DiDi, Beat, Cabify, entre otras), sitios web o medios tecnológicos similares que conecta directa o indirectamente a los pasajeros con los conductores", dice.
El proyecto, presentado por el presidente del bloque Cristian Vander pero acompañado por todo el bloque, califica a esa práctica como "desleal", lo cual "implica una violación a las normas que regulan la cuestión y una vulneración a quienes con esfuerzo desempeñan la actividad".
También considera que el sistema de aplicaciones plantea una desigualdad con los conductores de taxis y remises, "ya que no cuentan con un seguro específico, una habilitación y una licencia de conducir profesional, ni permisos habilitantes para prestar el servicio". Remarca que tampoco pagan tasas municipales ni realizan los exámenes psicológicos periódicos.
El proyecto de ordenanza dispone que los vehículos usados para la prestación de esos servicios no regulados sean secuestrados para ser devueltos tras el pago de un multa y de la estadía por acarreo. Y como sanción contempla la inhabilitación para conducir por un plazo de hasta un año, con distintos grados de agravamiento para el caso de reincidencia.
La iniciativa será discutida en el Comisión de Transporte y su avance está en duda debido a las diversas opiniones que las aplicaciones mencionadas generan en el bloque de Juntos por el Cambio.