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Denunciaron a Carolina Piparo por incumplimiento de deberes y posible soborno

El abogado uno de los jóvenes atropellados oficializó la presentación contra la diputada provincial y funcionaria de la Municipalidad de La Plata.
Denunciaron a Carolina Piparo por incumplimiento de deberes y posible soborno

Ya es oficial. Pablo Cuomo, abogado del menor atropellado por Juan Ignacio Buzali el marido de Carolina Piparo, presentó el escrito para que se investigue a la legisladora provincial de Juntos por el cambio y funcionaria de la Municipalidad de La Plata por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y que no se descarte "un posible soborno", confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. De acuerdo a lo indicado por los nuevos patrocinadores de uno de los dos jóvenes embestidos durante la madrugada del 1 de enero pasado, la legisladora habría intentado acallar al menor con el pago de $2.000 pesos, un celular y un par de zapatillas.

Según las primeras fojas de esta nueva trama de la historia, el encuentro entre Piparo y el joven de 17 años se llevó a cabo en una casa quinta de La Plata. El menor fue llevado a esa reunión por sus ahora exabogados a quienes los desplazó tras haber perdido la confianza profesional en ellos.

El menor considera que esa reunión se trató de un encuentro ilegal en el que habrían intentado comprar su silencio y exigirle que desista de continuar con la denuncia penal por el accidente. Además señaló que tras el robo del que fue víctima Piparo en aquella madrugada, la legisladora lo estigmatizó al decir que confundió a los heridos con delincuentes y que nunca pidió disculpas por ese error. En el escrito presentado por los abogados Pablo Cuomo y Damián Mitre, los nuevos abogados del joven, se solicita que se investigue a la legisladora y titular de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Violencia de Género en la Comuna por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y que no se descarte la posibilidad de que se trate de una extorsión.

La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien tiene a su cargo la investigación de la causa principal por el accidente, caso que fue caratulado como intento de homicidio, delito que no es excarcelable.

Luego de conocerse esta denuncia el abogado Martín de Vargas, quien representa a Luis Elías Lavalle, el otro herido en el accidente de tránsito, solicitó que Buzali vuelva a una cárcel común y deje la comodidad del arresto domiciliario en la imponente quinta que alquila en la bucólica localidad de City Bell.

En el escrito el letrado detalló que “en reiteradas oportunidades” advirtió “la existencia de peligros procesales”, dadas las características personales del procesado por ser el marido de Piparo “siendo su mujer una persona con poder económico y político”. También señaló que se aplique la conocida doctrina Irurzum con la que el gobierno de Mauricio Macri encarceló a opositores. Donde se estableció que: “…a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales, no corresponda limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”.

“Es evidente el descaro e impunidad con que se maneja Carolina Piparo, llamando a la víctima de autos, es decir el menor al que su marido Buzali intentó matar a un encuentro clandestino con la clara intención de influir en el testigo. Que es evidente que el ilícito o al menos inmoral y antiético obrar de Piparo tratando de influenciar testigos es en nombre y representación de su marido Buzali quien se beneficiaría de ello. Que si Buzali por intermedio de Piparo se atreve a convocar a una reunión clandestina a la propia víctima de autos regalándole bienes y dinero, esta defensa técnica no puede ni siquiera imaginar los testigos que puede influenciar para que cambien su testimonio mediante el pago de dinero o la entrega de bienes”, consideró De Vargas.

En otro tramo de la presentación judicial señaló que “los peligros procesales no cesaran sino con el efectivo cumplimiento de la prisión preventiva por parte de Buzali en una cárcel común, Buzali tiene poder político y económico para entorpecer la investigación (…). Tal como he reiterado al oponerme al arresto domiciliario, esta medida solo sirvió para que Buzali y Piparo entorpezcan la investigación judicial. Es por ello que la única solución posible es revocar el arresto domiciliario de Juan Ignacio Buzali y se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Carolina Piparo”.

El planteo debe ser resuelto por la jueza Marcela Garmendia, titular del juzgado de Garantías 5 de La Plata.

EL CASO

En las primeras horas del 1 de enero de 2021 Carolina Piparo denunció que fue asaltada por tres parejas de "motochorros" en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa. Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por motociclistas y creyeron que eran los mismos que los habían asaltado. En 21 y 40 Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido. Ambos continuaron con la fuga y comenzaron a ser perseguidos por otros jóvenes en moto, hasta que finalmente detuvieron su marcha frente a varios móviles que participaban de un control de tránsito.

Buzali fue detenido el 9 de enero, luego de que la fiscal Di Lorenzo le imputara el delito de "homicidio en grado de tentativa". La Sala IV de la Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó el encuadre legal, rechazó la excarcelación y confirmó el arresto domiciliario, medida que no fue apelada por los ex abogados del menor de edad.

Quién sí la apeló fue el abogado De Vargas quien representa a Luis Elías Lavalle, el segundo de los jóvenes atropellados en la madrugada en que todo sucedió.

Denunciaron a Carolina Piparo por incumplimiento de deberes y posible soborno
ROBO, CHOQUE Y POLÉMICA

Denunciaron a Carolina Piparo por incumplimiento de deberes y posible soborno

El abogado uno de los jóvenes atropellados oficializó la presentación contra la diputada provincial y funcionaria de la Municipalidad de La Plata.

15 de junio de 2021

Ya es oficial. Pablo Cuomo, abogado del menor atropellado por Juan Ignacio Buzali el marido de Carolina Piparo, presentó el escrito para que se investigue a la legisladora provincial de Juntos por el cambio y funcionaria de la Municipalidad de La Plata por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y que no se descarte "un posible soborno", confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. De acuerdo a lo indicado por los nuevos patrocinadores de uno de los dos jóvenes embestidos durante la madrugada del 1 de enero pasado, la legisladora habría intentado acallar al menor con el pago de $2.000 pesos, un celular y un par de zapatillas.

Según las primeras fojas de esta nueva trama de la historia, el encuentro entre Piparo y el joven de 17 años se llevó a cabo en una casa quinta de La Plata. El menor fue llevado a esa reunión por sus ahora exabogados a quienes los desplazó tras haber perdido la confianza profesional en ellos.

El menor considera que esa reunión se trató de un encuentro ilegal en el que habrían intentado comprar su silencio y exigirle que desista de continuar con la denuncia penal por el accidente. Además señaló que tras el robo del que fue víctima Piparo en aquella madrugada, la legisladora lo estigmatizó al decir que confundió a los heridos con delincuentes y que nunca pidió disculpas por ese error. En el escrito presentado por los abogados Pablo Cuomo y Damián Mitre, los nuevos abogados del joven, se solicita que se investigue a la legisladora y titular de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Violencia de Género en la Comuna por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y que no se descarte la posibilidad de que se trate de una extorsión.

La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien tiene a su cargo la investigación de la causa principal por el accidente, caso que fue caratulado como intento de homicidio, delito que no es excarcelable.

Luego de conocerse esta denuncia el abogado Martín de Vargas, quien representa a Luis Elías Lavalle, el otro herido en el accidente de tránsito, solicitó que Buzali vuelva a una cárcel común y deje la comodidad del arresto domiciliario en la imponente quinta que alquila en la bucólica localidad de City Bell.

En el escrito el letrado detalló que “en reiteradas oportunidades” advirtió “la existencia de peligros procesales”, dadas las características personales del procesado por ser el marido de Piparo “siendo su mujer una persona con poder económico y político”. También señaló que se aplique la conocida doctrina Irurzum con la que el gobierno de Mauricio Macri encarceló a opositores. Donde se estableció que: “…a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales, no corresponda limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”.

“Es evidente el descaro e impunidad con que se maneja Carolina Piparo, llamando a la víctima de autos, es decir el menor al que su marido Buzali intentó matar a un encuentro clandestino con la clara intención de influir en el testigo. Que es evidente que el ilícito o al menos inmoral y antiético obrar de Piparo tratando de influenciar testigos es en nombre y representación de su marido Buzali quien se beneficiaría de ello. Que si Buzali por intermedio de Piparo se atreve a convocar a una reunión clandestina a la propia víctima de autos regalándole bienes y dinero, esta defensa técnica no puede ni siquiera imaginar los testigos que puede influenciar para que cambien su testimonio mediante el pago de dinero o la entrega de bienes”, consideró De Vargas.

En otro tramo de la presentación judicial señaló que “los peligros procesales no cesaran sino con el efectivo cumplimiento de la prisión preventiva por parte de Buzali en una cárcel común, Buzali tiene poder político y económico para entorpecer la investigación (…). Tal como he reiterado al oponerme al arresto domiciliario, esta medida solo sirvió para que Buzali y Piparo entorpezcan la investigación judicial. Es por ello que la única solución posible es revocar el arresto domiciliario de Juan Ignacio Buzali y se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Carolina Piparo”.

El planteo debe ser resuelto por la jueza Marcela Garmendia, titular del juzgado de Garantías 5 de La Plata.

EL CASO

En las primeras horas del 1 de enero de 2021 Carolina Piparo denunció que fue asaltada por tres parejas de "motochorros" en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa. Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por motociclistas y creyeron que eran los mismos que los habían asaltado. En 21 y 40 Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido. Ambos continuaron con la fuga y comenzaron a ser perseguidos por otros jóvenes en moto, hasta que finalmente detuvieron su marcha frente a varios móviles que participaban de un control de tránsito.

Buzali fue detenido el 9 de enero, luego de que la fiscal Di Lorenzo le imputara el delito de "homicidio en grado de tentativa". La Sala IV de la Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó el encuadre legal, rechazó la excarcelación y confirmó el arresto domiciliario, medida que no fue apelada por los ex abogados del menor de edad.

Quién sí la apeló fue el abogado De Vargas quien representa a Luis Elías Lavalle, el segundo de los jóvenes atropellados en la madrugada en que todo sucedió.

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El abogado uno de los jóvenes atropellados oficializó la presentación contra la diputada provincial y funcionaria de la Municipalidad de La Plata.