Los cooperativistas que prestan servicios para la Municipalidad de La Plata y cuestionan los términos del pase a planta que anunció y empezó a ejecutar el intendente Julio Garro, decidieron suspender el plan de lucha que para este lunes incluía la realización de 160 cortes parciales en el tránsito de la ciudad y abrir una "tregua" de al menos 24 horas para esperar si hay respuesta a un nuevo pedido de audiencia presentado por nota este lunes.
La disputa estalló hace dos semanas cuando un grupo de cooperativistas comenzó un acampe en las inmediaciones de la Municipalidad que duró hasta el miércoles último, cuando levantaron por la Semana Santa con la premisa de volver el lunes con una batería de cortes. Finalmente el domingo decidieron postergar esa medida y presentar la nota pidiendo una audiencia.
"Se decidió esperar hasta el martes como una muestra de voluntad de diálogo", indicaron a 0221.com.ar voceros de los cooperativistas que piden analizar caso por caso con las autoridades municipales para avanzar con el pase a planta de todos los trabajadores.
La génesis del conflicto está basada principalmente en la objeción a la modalidad del pase a planta que se está ejecutando. En contra del planteo del Municipio, aseguran "no se trata de ingresos a planta temporaria, sino de contratos precarios de tres meses", y que a su vez "generan un perjuicio económico porque no podrán complementar el ingreso de 13 mil pesos previsto con otros programas nacionales".
Desde la Comuna, en tanto, aseguran que la modalidad es la que está dispuesta en la Ley Orgánica de la Municipalidades y que no hay razones que no sean faltas graves o de inasistencia al trabajo para cortar el vínculo, hasta que el año se efectiviza el contrato con personal de planta temporaria.
Uno de los primeros puntos que los trabajadores remarcan es su cuestionamiento es la discriminación a la hora de calcular los haberes de quienes se incorporen a la planta. Apuntan a que los sueldos previstos para barrer la calles son de 13 mil pesos cuando "la empresa privada Esur, por el mismo trabajo, le paga a sus trabajadores entre 30 y 35 mil". El planteo es entonces que los ingresos "sean equitativos".
También critican que muchos son trabajadores que quedan afuera del pase a planta. Se refieren a los mayores de 50 años, "para quienes no hay proyectos de reconversión previstos"; las personas que tienen problemas de salud y no pasarían los exámenes físicos; y los que tienen antecedentes penales y no podrían obtener los certificados de buena conducta que exige el Estado para ingresar a su plantel.
Mientras esperan una respuesta el cálculo de los cooperativistas indica que son entre 900 y 1.000 trabajadores los que ya decidieron renunciar porque la ecuación económica no les cierra o que quedan afuera por esas razones.
Pero el punto central pasa por el echo de que ingresar a la planta municipal les impedirá acceder a otros programas relacionados con el Estado: cobrarán $13.000 de bolsillo, no se reconoce la antigüedad y dejarán de acceder a otros ingreso. Critican que por ello, en la práctica, implica una reducción salarial importante. Aseguran que aceptar las condiciones los obliga a quedar afuera de los programas nacionales como el Progresar, Hacemos Futuro o el acceso a la tarjeta Alimentar, los cuales son fundamentales para engrosar el ingreso familiar.
