A apenas horas de que venza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Alberto Fernández, en Casa Rosada trabajan a contrarreloj para determinar el alcance de las nuevas políticas y medidas de restricción que regirán desde mayo en todo el país, y, específicamente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las autoridades nacionales evalúan la continuidad de las medidas vigentes e incluso consideran sumar más controles y algunas medidas más restrictivas.
En ese sentido, un esquema de restricciones más severas fue desaconsejada por el equipo de especialistas que asesora al Gobierno. Se trata de una opción que el presidente podría aplicar si los contagios no ceden y agravan aún más la frágil estabilidad del sistema sanitario.
Por eso el Gobierno se tomará hasta este jueves para medir con mayor precisión el impacto del primer decreto, que fue el que acotó la circulación nocturna. Entienden que el segundo DNU, que tuvo como eje del conflicto la presencialidad de las clases, generará resultados más visibles en los primeros días de la semana que viene.
Como ya viene publicando este medio, existe una desaceleración de la curva de contagios. Una de las ideas que barajan es evitar un cierre estricto y solo tomar medidas duras en sectores específicos del territorio bonaerense. Por caso, el gobernador Axel Kicillof viene pidiendo desde hace semanas profundizar en medidas de restricción, aunque reconoció que los casos vienen estabilizándose y "se redujo el ingreso de pacientes a la terapia intensiva".
El Gobierno llega a este momento con mayor consenso político que hace algunas semanas. Tiene el respaldo sanitario del alto nivel de contagios que registra el país, específicamente el Área Metropolitana. Argentina viene superando los 20 mil casos diarios desde hace diez días, en un contexto de alta ocupación en las camas de unidades de terapia intensiva (UTI).
Fernández tiene ahora el respaldo político que buscaba hace dos semanas cuando emitió el decreto que aún está vigente. "Avisamos y no nos escucharon. Ahora se dan cuenta de que tenían que tomar medidas", dijo a Infobae un funcionario cercano al Jefe de Estado. Es que si el DNU no se cumple o las medidas se flexibilizan en los hechos, el impacto se reducirá y el resultado epidemiológico proyectado se disolverá con rapidez. Por eso a todos los gobernadores les conviene aplicar controles estrictos en sus provincias.
Fuentes del Gobierno adelantaron que los lineamientos generales del decreto anterior se mantendrían vigentes por otros quince días, hasta mediados de mayo. Y se planea implementar un sistema de fases que avance o retroceda según la situación epidemiológica de cada distrito de acuerdo a distintos parámetros.
También analizan la posibilidad de hacer modificaciones en el horario de límite a la circulación -en lugar de 20 a 6, de 18 a 6-, en la forma de impartir la educación -de forma “administrada” por horarios, días y niveles-, y en los comercios -con entregas a domicilio y atención en la calle-.
Las medidas aún se discuten y todavía faltan definiciones. Tampoco se descarta que Fernández pueda tomar decisiones específicas que no están en discusión por el momento, tal como sucedió con la suspensión de las clases presenciales. También se evalúa que los profesionales -abogados, contadores, psicólogos- vuelvan a trabajar exclusivamente en forma virtual y desde sus casas; y avanzar con una nueva restricción en las actividades recreativas. En esa línea reducir los encuentros de personas es determinante para cortar la circulación del virus.
Durante encuentros por Zoom, los gobernadores informaron al mandatario los distintos escenarios sanitarios que tienen en sus provincias. Se destacó el avance del plan de vacunación cómo principal herramienta para enfrentar la segunda ola, y también en la necesidad de tomar medidas coordinadas en todas las regiones.
Fernández aseguró que en el DNU que se publicará el viernes seguirá vigente el artículo que les permite a los gobernadores administrar las medidas nacionales de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada provincia. Y más allá de las medidas a nivel nacional, el Gobierno evalúa en particular el AMBA, el área más poblada del país, donde conviven dos gobiernos de colores partidarios distintos y maneras disimiles de evaluar la gravedad y consecuencias de la pandemia en la segunda ola.
Respecto a las clases, desde la Casa Rosada proponen una “presencialidad administrada”. Esto implica que las escuelas abran en determinados días y horarios, inclusive según el nivel educativo. Mientras tanto la administración porteña piensa en tener las aulas abiertas para el nivel primario hasta 5to grado inclusive, y para el secundario hasta 3er año. Entre presiones del sector civil, desde la Ciudad aseguraron que la postura, por ahora, no está definida.
En la provincia de Buenos Aires presionan al gobierno porteño para que haga cumplir las medidas vigentes y avance en otras. La gestión de Kicillof sigue firme en su diagnóstico de alta preocupación por el nivel de ocupación de camas en el sistema sanitario del AMBA y la suba de casos. Por eso reclaman medidas más duras, e insistirán con más restricciones hasta último momento.
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