El Ejecutivo nacional busca oficializar la reforma laboral en abril y asegura que no hará cambios de fondo, pese a las presentaciones judiciales.
El Gobierno nacional acelera la reglamentación de la reforma laboral con la intención de oficializarla en abril, en medio de los amparos judiciales que frenaron parte de su aplicación y abrieron un frente de disputa en los tribunales.
Según trascendió, el Ejecutivo ya puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero. La decisión política es avanzar sin retrocesos sobre el contenido de la norma.
La reforma laboral suma tensión tras una cautelar que bloquea el pase judicial y una presentación de la CGT que cuestiona su validez constitucional.
La Justicia Laboral hizo lugar a una presentación de la CGT y frenó la aplicación de buena parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno argentino.
En la Casa Rosada aseguran que no habrá modificaciones de fondo por efecto de las presentaciones judiciales, aunque reconocen que la reglamentación buscará reforzar y blindar algunos puntos que quedaron bajo mayor cuestionamiento.
La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, con el objetivo de concentrar las denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, llevar la discusión hasta la Corte Suprema.
El proceso de reglamentación involucra a distintas áreas del Gobierno, como Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que tiene un rol clave en materia de registración laboral y seguridad social.
Entre los aspectos que deberán definirse figuran los sistemas de pago en prestaciones sin relación de dependencia, los mecanismos de registración laboral y la implementación de beneficios de seguridad social para contratos a tiempo parcial.
Uno de los puntos que genera mayor atención es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya reglamentación es considerada prioritaria y sobre el que se analizan posibles destinos de inversión.
En paralelo, el Gobierno también avanza en su estrategia sobre el mapa judicial laboral, con la intención de sostener el acuerdo de transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, como parte del esquema de blindaje institucional de la reforma.
En el oficialismo confían en que el decreto reglamentario funcionará como respaldo técnico para la aplicación de la ley, aunque en la mayoría de los despachos descuentan que el conflicto terminará definiéndose en la Corte Suprema.