El futuro de Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Piparo, detenido y procesado por intento de homicidio se definirá en la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. El abogado de una de las víctimas se opuso al beneficio de arresto domiciliario dictado hace seis días por la jueza de Garantías del caso y el planteo debe ser resuelto por el tribunal de Alzada.
Buzali está detenido desde el 9 de enero y lleva más de tres meses tras las rejas. Es acusado de un delito que tiene una pena en expectativa que oscila entre 4 y 16 años de prisión. Fuentes judiciales confirmaron a 0221.com.ar que "muy pocos procesados por ese delito en la provincia de Buenos Aires acceden a ese beneficio en tan relativo poco tiempo".
Encabezaron la charla que se realizó en el Colegio Nacional de la UNLP. Duras críticas a la Corte Suprema y dardos por la interna en el PJ.
Tras la incertidumbre en kioscos de La Plata, el álbum de figuritas del Mundial 2026 finalmente saldrá a la venta al final de esta semana.
Martín de Vargas, abogado de Luis Elías Lavalle, uno de los dos jóvenes embestidos, ya presentó el recurso de apelación donde hace eje en tres situaciones que consideran centrales: el domicilio del acusado, el posible entorpecimiento probatorio y en el poder político de Carolina Piparo, basado en la doctrina Irurzun (fundamentada en el poder político de los acusados o de sus amigos con poder) que fue utilizada durante el gobierno de Mauricio Macri para detener a dirigentes opositores.
En su escrito, el letrado sostiene que el matrimonio aportó tres domicilios diferentes, uno en el casco urbano de La Plata, otro en City Bell y un tercero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También señalaron que el contrato de alquiler presentado para justificar la residencia en el barrio cerrado Grand Bell no cuenta con firmas certificadas, su valor de locación es muy por debajo de los precios de mercado (unos dos mil dólares mensuales más expensas) y no contiene cláusulas de actualización inflacionarias, entre otras circunstancias llamativas de ese acuerdo privado. "En una causa donde los imputados fueran ignotos y no tuvieran el poder político, económico y mediático que ostentan el matrimonio Buzali-Piparo, este tipo de mendacidades y contradicciones impedirían cualquier tipo de medida morigeradora", consideró el letrado en relación al domicilio de arraigo donde Buzali sería alojado bajo la figura de arresto domiciliario.
También señaló que Buzali se fue de la comisaría Cuarta de La Plata antes de que terminaran los trámites de rigor (entre ellos el de extracción de sangre para saber si estaba intoxicado con alcohol o drogas), lo que implica un entorpecimiento probatorio, ya que ese estudio se hizo 33 horas después del hecho, cuando su organismo tuvo tiempo de limpiar cualquier sustancia que lo comprometiera.
En otro pasaje del recurso al que accedió 0221.com.ar el abogado hizo propia la polémica doctrina Irurzun, al plasmar que "a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales, no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal". Para el abogado esa situación "quedó plasmada en el expediente" cuando el secretario de Seguridad municipal Darío Ganduglia, el de Salud Enrique Rifourcat y el abogado del matrimonio "se encontraban organizados y esperándolos en el lugar donde Buzali detiene la marcha del auto en 12 y 53 de La Plata, acompañado por Piparo y recibe la protección y ayuda de los funcionarios municipales” donde se produce “una sucesión sospechosa de eventos que impidieron que se les realice por ejemplo el test de alcoholemia".
También hizo foco en que "un acusado de tentativa de homicidio permaneció sin esposar en todo momento, dándole la posibilidad que se profugue". En rigor a la verdad, en ese momento de la secuencia que remarca el letrado Buzali aún no estaba formalmente acusado de nada. "Seguramente la relación de Ganduglia con algún integrante infiel de fuerzas de seguridad permitió tales actuaciones", detalló en el recurso y dejó plasmada una queja contra la fiscal: "Desde el Ministerio Público no se habilitó la posibilidad de investigar los teléfonos de las partes implicadas".
Como cierre del puntilloso recurso de apelación, De Vargas adelantó que en caso de no prosperar su planteo recurrirá a instancias superiores como Casación bonaerense y la Corte Suprema de la Nación.
Tal como informó este medio, la jueza de Garantías Marcela Garmendia, otorgó el arresto domiciliario con pulsera o tobillera electrónica para su monitoreo permanente para que no salga de su lugar de residencia en el barrio cerrado Grand Bell. Otro de los requisitos es la prohibición de manejar vehículos automotores, deberá entregar su licencia de conducir en el juzgado de Garantías y someterse a un tratamiento psicológico vía remota.
Mientras dure este incidente el detenido seguirá esperando en su celda penitenciaria. Si la Sala IV de la Cámara Penal de La Plata confirma la resolución de la jueza Garmendia, Buzali volverá a su casa con su familia. Si opina lo contrario y le da la razón a los acusadores que apelen, el marido de Piparo seguirá tras las rejas durante varios meses más, al menos hasta que la fiscal dicte el cierre el sumario y quede firme, hasta que se eleve a juicio oral o cuando se fije fecha de inicio del debate, son algunos de los momentos (entre otros) en los que podrá insistir con una morigeración o hasta alguna de las excarcelaciones (ordinarias o extraordinarias) que considere plantear la defensa.
Cabe recordar que en su última resolución, el y las camaristas coincidieron que el acusado evadió el accionar de la Justicia. Determinaron que Buzali se fue de la comisaría para evitar el análisis de alcohol en sangre. Eludió el accionar investigativo, es decir, hubo peligro procesal.
EL CASO
El hecho por el que está detenido Buzali ocurrió la madrugada del 1 de enero de 2021 cuando su esposa denunció que fue asaltada por tres parejas de "motochorros" en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa. Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por motociclistas y creyeron que eran los mismos que los habían asaltado.
En 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido.
Ambos continuaron con la fuga y comenzaron a ser perseguidos por otros jóvenes en moto, hasta que finalmente detuvieron su marcha frente a varios móviles que participaban de un control de tránsito.