Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Piparo, aseguró que desea estar con su familia, volver a su vida normal y no entiende cómo de ser víctima de un robo pasó a estar detenido. Fue durante la audiencia virtual que mantuvo con los camaristas que deben resolver los planteos de su defensa, a cargo del abogado Marcelo Peña.
El letrado solicitó el cambio de calificación legal (de intento de homicidio a lesiones leves) y que acceda al régimen de arresto domiciliario.
La audiencia fue solo entre los jueces y la defensa, ya que los agravios procesales solo fueron de esa parte.
Buzali está procesado por intento de homicidio, luego de atropellar a dos motociclistas a las que dice haber confundido con los “motochorros” que en la madrugada del 1 de enero pasado asaltaron a su esposa quien también es funcionaria municipal.
Tras el impacto, Buzali y Piparo no se detuvieron para asistir a las víctimas, Luis Lavalle y un menor de edad, siguieron su alocada carrera, circulando contramano, chocando otro vehículo y poniendo en riesgo la vida de otras personas.
En varios pasajes de la causa, cuatro magistrados sostuvieron que Buzali, al mando de su auto y en compañía de su esposa, “embistió” a las víctimas “con desprecio por la vida”.
Para la defensa no existió el “dolo homicida” es decir no tuvo intenciones de matar, que se trató de un caso de legítima defensa enmarcado en el “dolo de ímpetu, es decir, la situación escapó de su control.
Pero la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, la jueza de Garantías Marcela Garmendia y otros dos camaristas la intención de matar se demuestra con la versión aportada en la causa por testigos del hecho.
El abogado Martín De Vargas, representante de Lavalle, desde el accidente comenzó “un calvario” ya que “perdió dos trabajos, su moto y está en una situación psicológica y económica muy mala”.
ZOOM JUDICIAL
“Esta audiencia consta de dos propuestas: el cambio de calificación legal de la causa, ya que los elementos probatorios sustentados hasta el momento no podrían conducir a una calificación de tentativa de homicidio", dijo Peña, quien consideró que el expediente debe recaratularse como "lesiones leves culposas". En ese caso, el acusado recuperará la libertad.
Es que, para la defensa de Buzali, “existieron irregularidades de parte de la fiscalía, entre ellas, no haber realizado la pericia accidentológica y por haber realizado a medias la pericia mecánica y llenar de pruebas testimoniales descartando las pruebas forenses”.
Además de ello, solicitarán “la excarcelación extraordinaria" del marido de la legisladora, que fue denegada en su momento por la jueza Garmendia.
Buzali está detenido desde el 9 de enero último, luego de que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo le imputara el delito de “homicidio en grado de tentativa” en perjuicio de los dos motociclistas a los que atropelló -según la versión de Buzali y Piparo-, al confundirlos con motochorros, que los habían asaltado previamente.
EL CASO
El hecho por el que está detenido Buzali ocurrió la madrugada del 1 de enero cuando su esposa denunció que fue asaltada por tres parejas de "motochorros" en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa.
Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado.
En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido.
La jueza tuvo en cuenta también que, luego de embestir la moto, fugó del lugar "arrastrando el rodado menor mientras éste desprendía chispas por el roce con el asfalto, particularidad que no podía pasar inadvertida por los ocupantes del automóvil".
La magistrada rechazó el pedido de detención domiciliaria que había la defesa de Buzali, aunque ordenó abrir un incidente por separado para evaluar "una posible morigeración de las condiciones de detención", al considerar en su favor la ausencia de antecedentes penales, su situación personal y que, según la fiscalía, ya está producida la mayor parte de la prueba en la causa.
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