jueves 11 de julio de 2024

Activistas LGBTTTIQ+ exigen la liberación de travestis y trans detenidas en La Plata

Denuncian la persecución de compañeras que ejercen el trabajo sexual en la ciudad. Cuestionan las "políticas transodiantes" de distintos niveles del Estado.

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En el Día de la Visibilidad Trans, activistas LGBTTTIQ+ se movilizan en la ciudad para exigir la libertar de las personas trans y travestis que ejercen el trabajo sexual y están detenidas en La Plata. La marcha fue convocada por la Coordinación de la marcha del orgullo mostridisidente y comenzó a media mañana frente a las fiscalías penales de 7 entre 56 y 57, donde se manifestaron contra "las causas armadas del transodio".

“En los últimos meses se acentuaron los operativos en la ciudad y allanamientos a particulares, prácticas amparadas en políticas punitivas que cercenan derechos humanos y laborales”, dijeron en el comunicado difundido en las últimas horas.

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“La clandestinidad, en sintonía con la indiferencia –casi rechazo–a la existencia trava-trans puta, son caldo de cultivo del disciplinamiento judicial que en cada causa las arroja al calabozo. Por eso, salimos a la calle a visibilizar la persecución sistemática hacia las compañeras trans y travestis que ejercen el trabajo sexual en La Plata”, sigue el escrito.

En el texto también detallaron que tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecido en 2020 para frenar el impacto de la pandemia de coronavirus, “recrudecieron las condiciones de trabajo, salud y vivienda”. “Muchas, principalmente las migrantes, no accedieron a la IFE y mucho menos a programas como Potenciar Trabajo, ya que la tramitación de su DNI o documentación migratoria, se vio interrumpida por la ausencia de oficinas públicas”, afirmaron.

A su vez, señalaron que “la situación habitacional traducida en desalojos y en la obstaculización de alquileres, destaca la estigmatización social que padecen por ser trabajadoras sexuales, travestis y migrantes”.

“Algunos privados, lugares donde se ejerce el trabajo sexual de manera clandestina y sin ninguna regulacion laboral, a veces sirven de refugio habitacional, mientras que esta falta de regulación obtura la posibilidad de las compañeras de alquilar una vivienda propia. Una trampa de la clandestinidad a la que son sometidas y que las políticas antitrata favorecen a través de su legislación en Argentina, negando el derecho mínimo a una vivienda”, resaltaron.

A eso sumaron “los discursos de odio gestionados por un grupo de vecinos organizados en la Asamblea de Barrio Mondongo”, que según aseguraron “promueve la expulsión de las compañeras, arrogándose la propiedad del espacio público”, que derivó en “decisiones políticas transodiantes”, correspondientes a todos los niveles del Estado.

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