Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de La Plata promete encender un debate entre oficialismo y oposición. Se trata de una iniciativa del Frente de Todos que en caso de ser aprobada dará prioridad a descendientes de personas desaparecidas o asesinadas por la dictadura militar o por la Triple A para acceder a un puesto de trabajo en la planta de municipales cuando se produzcan vacantes por jubilación.
"Incorpórese a la planta permanente de la municipalidad a todos aquellos/as hijos/as de aquellas personas que en la actualidad se encuentran en calidad de detenidas desaparecidas o asesinadas por el terrorismo de Estado en el período 1974-1983", dice el primer artículo del proyecto, donde considera no solo a quienes fueron víctimas durante el gobierno militar de 1976 a 1983, sino que incluye a quienes lo padecieron en los últimos dos años del gobierno de Isabel Martínez de Perón, durante el actuó la Triple A como grupo armado paraestatal que capitaneaba José López Rega.
Para su implementación, la ordenanza cuya autoría es de Ana Castagneto plantea la creación de un "registro único de solicitantes" que accederán a ese derecho "de acuerdo a las vacantes producidas por jubilaciones en la planta permanente municipal". En tanto que se establece que ese registro estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad y trabajará de manera coordinada con la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Concejo Deliberante y los Organismos de Derechos Humanos de la ciudad.
Los responsables de ese registro deberán recibir la documentación que pruebe la condición de persona detenida desaparecida o asesinada y del parentesco de quien se presente para tener ese beneficios.
También deberá confeccionar un listado de las personas solicitantes, el cual establecerá un orden de llegada de presentación de la documentación correspondiente, corroborar la veracidad de esos documentos y hacer la convocatoria cuando se produzca la vacante en la planta permanente municipal.
Entre los requisitos que se plantean en la iniciativas figura que la víctima al momento de ser detenida-desaparecida o probado su asesinato, residiera en el distrito de La Plata y que los aspirantes al puesto de trabajo en la Comuna hayan residido en La Plata al momento del suceso, o residan en la actualidad con un plazo no menor a dos años.
Además se pedirá que toda la documentación probatoria sea emanada por las autoridades competentes u organismos oficiales y que el aspirante al puesto de trabajo no posea antecedentes de denuncias por violencia de género. Y se establece que el ingresante lo hará en la categoría del ingresante de acuerdo al organigrama municipal y por nomenclador de funciones que regula las diversas especialidades.
Entre los fundamentos de la idea, Castagneto considera que "el derecho a reparación a las víctimas y sus familiares por las violaciones de los Derechos Humanos constituyen un deber de los Estados prescripto en Pactos y Tratados Internacionales de DDHH incorporados a la normativa nacional por el Art 75º inciso 22 de la Constitución Nacional".
Y entre los antecedentes que la respaldan mencionan la Resolución 318/09 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que recomienda a los municipios que "dispongan medidas para la incorporación de hijos/as de detenidos/as desaparecidos/as o asesinados/as por el terrorismo de estado (1974-1983), en los empleos públicos, en las modalidades que pudieran realizarse, según sus propias funciones de oportunidad, mérito y conveniencia".
Y agrega que "resulta responsabilidad del estado municipal y la sociedad toda, promover acciones en el marco de la política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia".
