La situación atravesada por M, la niña de siete años que vive en situación de extrema vulnerabilidad junto a su familia y estuvo tres días desaparecida hasta que fue hallada sana y salva con el hombre que se la había llevado, puso en debate la situación de la infancia en el país en medio de los altos índices de pobreza e indigencia.
La Plata no es una excepción y eso se refleja en las calles donde niños y niñas deambulan en soledad o en las esquinas donde los limpian vidrios a cambio de monedas. Pero también en las situaciones de violencia que sufren en su familia o por alguna de las caras del Estado, que también suele violentarlos.
Uno de los trabajos que intenta delinear el estado de situación en la región es llevado adelante por el programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría de Extensión de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Se trata de un programa que tiene como principal objetivo trabajar y reflexionar críticamente sobre las políticas públicas en relación a la niñez, desde el encuentro y el trabajo concreto con los niños y niñas en situación de calle en la ciudad de La Plata a partir de las entrevistas que se realizan a través del Consultorio Jurídico Gratuito.
El último informe fue publicado en diciembre de 2020 y fue elaborado con las dificultades que impuso el contexto de pandemia. El trabajo estableció, en un primer corte vinculado con los temas, que el 43% de las consultas que se recibieron en el Consultorio Jurídico Gratuito estuvieron vinculadas a escenarios de “vulneración integral de derechos”.
En relación a la edad, el mismo porcentaje del 43% tenía como víctimas a menores de entre 6 y 12 años, el grupo etáreo considerado como el de mayor incidencia en la vulneración de derechos. El 33% fueron por jóvenes de entre 13 y 18 años, mientras que un 24% se vinculó a la primera infancia, entendida como la franja que va de 0 a 5 años.
En el universo de derechos vulnerados, el 24% de las consultas estuvieron vinculadas a amenazas, violaciones o vulneraciones de derechos que tuvieron su origen en un accionar u omisión del Estado; el 24% respondió a vulneraciones de derechos por parte de un familiar de la víctima; y en el 52% se trató de situaciones en las que tanto un familiar como alguna agencia del Estado eran los vulneradores de derechos.
Del total de las vulneraciones a derechos propiciadas por el Estado, fue posible identificar que el 41% estuvieron vinculadas a acciones u omisiones del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño (SPPDN); 26% al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; 20% a la Policía y 13% específicamente al Sistema Penal.
Por otra parte, cuando la afectación del derecho se produjo en un contexto familiar, en el 48% de los casos el responsable fue el padre y en el 52% la madre.
A partir del análisis de las 33 consultas particulares que se realizaron a niños y niñas se identificaron 148 situaciones de violación, vulneración y/o amenaza de derechos. Los menores que sufrieron una vulneración integral a sus derechos estuvieron en un 19% expuestos a vivir en condiciones de pobreza; al 19% se les vulneró el derecho a familia; el 18% sufrió violencia institucional, al 16% se le vulneró el derecho a la educación; al 12% el derecho a la salud; el 11% se vio impedido del acceso a la justicia; al 1% se le vulneró el derecho a la alimentación; el 1% vivió en situación de calle; un 1% sufrió violencia familiar o de género; al 1% se le vulneró el derecho a la vivienda y 1% no tuvo acceso a un representante legal.
Un punto que destaca el informe es que el 100% de las consultas al Consultorio las efectuaron las madres y que en el 20% de los casos los responsables de amenazar, vulnerar o violar el derecho a la familia –e incumplir el ejercicio de la responsabilidad parental– fueron los padres varones. Cabe destacar que en el 80% de los casos, a la vulneración llevada a cabo por el padre se le sumaron acciones u omisiones de órganos jurisdiccionales que impidieron el correcto ejercicio del derecho a la familia.
El estudio también advierte que la totalidad de las víctimas de abuso sexual infantil por las que se consultó fueron niñas, que el 50% de las consultas fueron efectuadas por las madres de las niñas y el 50% por una abogada y que en todos los casos el señalado como responsable del abuso sexual infantil fue el padre de las niñas. A su vez, se observó como una constante la revictimización que ejerce el poder judicial cuando no realiza las acciones necesarias para investigar los hechos, restituir los y evitar mayores vulneraciones.
En el caso de la violencia institucional, se detectó que en el 100% de los casos el Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño ha sido el responsable; y a ello se le sumó la violencia ejercida por otras instituciones, encontrándose entre ellas las fuerzas de seguridad (53%); del Poder Judicial (7%) y el Sistema Penal (33%).
En cuanto a la violencia de género, el 56% de las consultas fueron efectuadas por las madres, y el resto por organizaciones políticas y sociales (11%), docentes (11%), referentes afectivos (11%) y los propios menores (11%). En el 78% de los casos el responsable de violentar fue su padre; y en el 22% su madre.
Entre las principales conclusiones, el relevamiento efectuado permite inferir que una mirada en clave de derechos, reconociendo a los niños como sujetos de derechos, "hubiera impedido la consumación de determinadas situaciones de vulneración de derechos o bien reducido la persistencia de su afectación". En este sentido, se subraya la importancia de que el Estado desarrolle e implemente políticas de promoción y protección de derechos que otorguen herramientas a los diversos efectores que intervienen en la crianza y el trabajo cotidiano con niños, niñas y jóvenes.
El estudio, según remarcan sus autores, busca saldar la deuda existente en materia de niñez vinculada con la ausencia del Estado en estos temas, circunstancia que impacta directamente tanto en el diseño como en la implementación y el seguimiento de las políticas públicas que se desarrollan en el área.
El trabajo se llevó adelante bajo la dirección del abogado Martín Menestrina y con el trabajo de un equipo interdisciplinario integrado por Lucía Belaunzaran (licenciada en trabajo social), Martina Flaherty (abogada), Manuel Rodríguez (psicólogo) y Antonela Coroli (abogada). Y se realizó en forma interdisciplinaria, nucleando a docentes y a alumnos de la facultad y profesionales de otras disciplinas como sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales.
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