El servicio de recolección de residuos en La Plata está en manos de Esur S.A. desde hace 20 años, la primera etapa entre 2001 y 2018 y la actual desde ese momento y por un período de al menos 8 años. Pero una de las firmas que constituye esa sociedad es la empresa de Transporte 9 de Julio, que ya operaba en la ciudad desde principio de la década del 80, en pleno gobierno dictatorial, por lo que ya son 40 años de monopolio en el manejo del negocio de la basura.
La relevancia que tiene ese servicio y el impacto en la economía local lo refleja el hecho de que cumplir con el contrato demanda a la Municipalidad de La Plata la cuarta parte de su Presupuesto para 2022. En términos monetarios, según el cálculo de recursos que será aprobado por el Concejo Deliberante en la próxima sesión, está previsto que la empresa reciba a lo largo del año 6.427 millones de pesos de un total de 27.127 millones con las que la Comuna prevé llevar adelante la gestión. Se trata del 24% del total.
Desde 2019 el contrato por la recolección de basura y el barrido dependen de la secretaría de Gobierno, cuyo presupuesto total es de 10.436 millones. Es por eso el área que más dinero de la gestión demanda y destina el 62% del mismo a financiar la prestación de ese servicio.
¿QUIÉNES SON?
Como se dijo, la empresa Transportes 9 de Julio S.A., es la principal integrante de UTE Esur S.A.. A lo largo de su larga trayectoria en el negocio, ha sido objeto de especulaciones respecto de su composición accionaria y su historia, las cuales son manejadas con cierto hermetismo.
Se sabe que fue creada en 1976 en la ciudad de Rosario y se expandió prestando el servicio en distintas ciudades grandes del país. A La Plata llegó promediando la dictadura militar y operó en los ‘80 y los ‘90 hasta que en 2001 ganó la licitación como integrante de Esur S.A, cuando el entonces intendente Julio Alak decidió emprender una postergada licitación de un servicio cuya concesión había vencido y el contrato dos veces prorrogado.
El 17 de octubre de ese año salió la ordenanza de adjudicación. Como se dijo, la empresa Transportes 9 de Julio S.A. lo ganó aunque cambiando su denominación por la de Esur S.A junto a Brother in Law S.A. (BILSA). Compitieron en aquella ocasión prestadoras de otras zonas entre las cuales ya estaban Martín y Martín S.A. y Transportes Olivos SACI y F, dos de las que participaron también en la licitación de 2018, ya en tiempos de Julio Garro, cuando Esur S.A. volvió a ganar.
Al igual que la ultima licitación, la de 2001 disponía la posibilidad de dividir el territorio de La Plata en dos para su explotación, sin embargo en ambas ocasiones la empresa que ya prestaba el servicio se quedó con ambas zonas. El aporte innovador en la nueva etapa fue la contenerización de la deposición final de las bolsas de residuos en el casco urbano, los centros comerciales y varios barrios de la ciudad.
El directorio de la empresa, de acuerdo al Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, está integrado por Ricardo Alberto Molina como presidente, Gabriel José Suárez es su vicepresidente, Juan Terruli aparece como miembro del directorio y sería el gerente general.
Diferentes reportes basados en otras operaciones comerciales dan cuenta de la participación de Esur S.A. y de las empresas que la integran en un conglomerado de compañías que operan interrelacionadas con distintos emprendimientos en otras zonas del país. A los mencionadas Transporte 9 de Julio y BILSA se suma Etrans S.A., otra UTE (en este caso integrada por la propia 9 de Julio y otra empresa denominada ESTRE) dedicada al saneamiento ambiental.
PRESUPUESTO EN ALZA
Desde que opera, la porción de recursos se demanda el contrato por el servicio de basura entonces creció considerablemente desde los 1.810 millones de pesos que facturó en 2019 a los más de 6.000 proyectados para el año que viene.
En el primer año de la reelección de Garro, la empresa cobró más de $1.800 millones sobre un presupuesto total de $9.955 millones, es decir que representaba el 18% del total. En 2020, el canon se elevó a $3.344 millones sobre un gasto proyectado de $13.499 millones, es decir el 25%. Este año, en tanto, lo cerrará cobrando $4.254 millones sobre un presupuesto total de $16.734 millones, ubicándose también en el orden del 25%. En 2022 será el 24%, $6.427 millones de un total de $27.127 millones.
En ese marco, la oposición volvió a pedir esta semana informes al Ejecutivo para que explique cómo es el control sobre el servicio de la empresa para saber si está cumpliendo con las condiciones fijadas en el contrato de 2018. La solicitud fue presentada por la concejala del Frente de Todos, Yanina Lamberti, quien solicitó detalles sobre la auditoría que ejerce el Municipio sobre la prestataria. "Se lleva el 25% del presupuesto de nuestra ciudad y, sin embargo, el manejo de los residuos sigue siendo un enorme problema", señaló.
