La justicia federal de La Plata dictó este martes una medida de "no innovar" y ordenó al cementerio municipal que "se abstenga de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios" sobre 66 tumbas con restos no identificados, individualizadas por la fiscalía en la investigación del paradero del ex preso político de la dictadura cívico militar Jorge Julio López, desaparecido en 2006. La medida la dictó el juez federal de nuestra ciudad, Ernesto Kreplak, que hizo lugar al pedido de no innovar solicitado por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda.
La preservación de las tumbas fue solicitada por los representantes de la Unidad Fiscal que interviene en los casos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado en la jurisdicción de los tribunales federales de La Plata y en causas conexas, como el caso López.
López está desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006, cuando iba a presenciar una de las últimas jornadas del juicio al represor Miguel Etchecolatz, quien había sido su torturador. Desde 2009 la investigación se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal. Desde entonces, la fiscalía trabaja diferentes hipótesis y una de ellas, la desplegada en el legajo N°10, caratulado "Hallazgos-Cadáveres-Restos", está guiada por la posibilidad de que la víctima haya muerto y sus restos ingresados a una morgue o cementerio sin el registro debido.
Esa rama de la investigación está dirigida, por lo tanto, a la constatación de todos los restos NN hallados en todo el país desde 2006 en adelante. La intención de los fiscales es preservar los restos ante la posibilidad de que surgieran elementos en la investigación que permitan elevar la sospecha sobre que alguno de los cuerpos pueda ser el de López y, en tal caso, solicitar el cotejo genético con muestras de sus familiares. Mientras tanto, la fiscalía realiza otras medidas de tipo documental en las causas penales del fuero ordinario por hallazgos de NN y en la Dirección Provincial del Registro de las Personas para dar con huellas dactilares y cualquier otro dato que permita consolidar o descartar la hipótesis.
Para esta labor, la Unidad Fiscal solicitó la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la Policía Judicial del Ministerio Público bonaerense, del Registro Nacional de las Personas y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
