El empresario inmobiliario platense Fernando Mercerat, procesado y detenido por varios delitos relacionados a la explotación sexual de personas, solicitó ser beneficiado con un arresto domiciliario, pero la fiscal se opuso por entender que existen riesgos procesales (fuga y entorpecimiento probatorio). El planteo de las partes debe ser resuelto por un juez de Garantías.
“Hasta tanto la presente investigación no se encuentre concluida a su respecto, entiendo que Fernando Luis Mercerat deberá continuar cumpliendo su prisión preventiva en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense”, concluyó la fiscal Cecilia Corfield a modo de corolario tras su contundente intervención.
Frentistas de Plaza Malvinas, ubicada en la zona céntrica de La Plata, denuncian la presencia de motociclistas que provocan desmanes los fines de semana.
Diversas figuras de la política e instituciones se despidieron de la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo, Herenia Sánchez Viamonte.
El empresario está detenido hace meses. Pasó las fiestas en prisión y quiere volver a su casa a la espera del eventual juicio oral de caso. El pedido debe ser analizado y resuelto por un juez de Garantías, cuya decisión, puede ser apelada por la parte que se sienta agraviada procesalmente.
Junto a Mercerat está detenido (con arresto domiciliario) el albañil Marcelo Bardella (asistido por los abogados Fernando Palazzo y Christian Parodi), quien sostiene que solo se encargaba del cobro de alquileres y del mantenimiento de propiedades, todo por orden del empresario. Esa versión, aparece confirmada en el informe pericial practicado sobre los teléfonos de ambos acusados.
Según la investigación, el dueño de la conocida inmobiliaria platense que lleva su mismo nombre, utilizó propiedades que las alquilaba a espaldas de sus legítimos dueños para que funcionen como lugares para el ejercicio de la prostitución.
Los investigadores sospechan que Mercerat cobrada hasta 40.000 pesos mensuales por sobre el valor del alquiler a trabajadoras sexuales trans a las que les rentaba esas viviendas, lo que se configuraría como como un delito de explotación sexual, por la percepción de ese dinero. En ese marco, fuentes del caso revelaron que otra de las situaciones particulares que emerge de esta investigación es que "muchos dueños de las propiedades no sabían que alquilaban su casa para montar un prostíbulo siendo ocultado ello por la inmobiliaria". En los allanamientos se secuestraron carpetas de alquileres y tras su análisis se estableció que los garantes de los alquileres "eran siempre los mismos, truchos, tanto para los prostíbulos como para casas alquiladas a familias", señalaron los voceros consultados.