La Provincia de Buenos Aires comenzó a trabajar para buscar una salida al fallo de la Corte Suprema que le obliga a la empresa ABSA a devolver a los usuarios unos $2.800 millones en concepto de un aumento del 180% en las tarifas de 2012, durante la gestión de Daniel Scioli.
El 14 de agosto pasado, el máximo tribunal del país rechazó un planteo que realizó la administración de Axel Kicillof, contra un fallo de la Suprema Corte provincial que anuló el decreto 245/12, a través del cual Scioli autorizó la suba del metro cúbico de agua. De esta forma, le dio la razón al juez contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, quien había ordenador frenar el aumento del 180% argumentando que no se había realizado una audiencia pública.
En pocos días, dos autos quedaron encajados en un pozo de ABSA en el centro de La Plata. Vecinos advierten por el peligro en un lugar que no tiene señalización.
Vecinos de La Plata denuncian falta de agua desde enero en un complejo de calle 46 entre 137 y 138 y reclaman respuestas urgentes de ABSA.
Cuando la Corte provincial falló contra ABSA, en el 2015, la deuda ascendía a los $1.800 millones y debía pagarse con descuentos en las facturas posteriores. El monto que la empresa debería devolver rondaría en los $2.800 millones, según el mecanismo de actualización fijado en aquel entonces.
Sin dudas, esta deuda es un verdadero dolor de cabeza para la administración de Kicillof, más aún en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El monto representa casi el 75% de los ingresos previstos por la empresa para 2019, según el presupuesto que se aprobó en la Legislatura.
Fuentes judiciales indicaron a DIB que la Provincia ya inició gestiones para encontrar un acuerdo que no dañe las arcas de la empresa. En esa instancia, el planteo corre por dos vías: determinar un monto de devolución ante las dificultades técnicas de la empresa para calcular cuánto le corresponde a cada cliente; y por otro, cuotificar ese total para evitar dejar a ABSA sin ingresos.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el expediente retornó al Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, de donde surgió el fallo original. Actualmente el juzgado es subrogado por Francisco Terrier tras la destitución en 2018 de Luis Arias, autor de la condena contra el Estado bonaerense.
La empresa, por su parte, había solicitado una pericia técnica, alegando la imposibilidad de calcular cuánto le correspondía a cada usuario. En 2015, tras el fallo de la Corte bonaerense, un trabajo de DIB había revelado que, de acuerdo a las categorías vigentes por entonces, a cada usuario le correspondía una devolución de entre $ 270 y $ 4.500, con un promedio de $ 1.700.
Esto representaba un total de 13 facturas según los valores de ese año: es decir que si la deuda se imputara en su totalidad a las facturas futuras, ABSA se quedaría sin ingresos por un año. Esta será la otra “batalla legal”, entonces: definir un sistema de cuotas que permita prorratear los pagos y evitar una virtual paralización de la empresa.