El empresario platense Alejandro Iaccarino, quien fue secuestrado junto a sus hermanos y toda su familia durante la última dictadura cívico militar, denunció que sufrió amenazas luego de conocerse un fallo de la Corte Suprema que le permitiría cobrar todo el dinero "que le robaron hace décadas". Neumáticos dañados, cortes intermitentes de gas en su casa y hasta la desconexión del Wi-Fi, fueron algunos de estos hechos "sospechosos" que se registraron en los últimos días y que, entienden, son un intento de intimidación.
Tanto Alejandro como su hermano Carlos, vincularon estas situaciones al juicio por las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en la Brigada de Investigaciones de Lanús, uno de los nueve centros clandestinos donde estuvieron detenidos. El debate debería haber comenzado el 7 de septiembre pasado pero el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata decretó la suspensión del inicio del proceso excusándose en la situación de salud del imputado Miguel Ángel Ferreyro, un policía que había sido reconocido como uno de los represores de la Brigada de Avellaneda.
"No van a poder pararnos", le dijo Alejandro a Página 12. En ese sentido relató que el 1 de agosto, cuando se disponía a ir a lo de su hermano para participar de una reunión virtual con el grupo querellante del juicio por los hechos ocurridos en El Infierno, se encontró con que su auto, al que había dejado en el garaje del edificio donde vive la noche anterior, no tenía frenos y tenía una cubierta pinchada.
El hombre le explicó a los agentes que "el servicio de reparación de la cubierta dijo que el daño fue intencional" y adjuntó a la denuncia el informe del Automóvil Club Argentino en el que consta esa consideración. Entre el 6 y el 7 del mes pasado notó que sufrió cortes en el servicio de gas, con los que se apagaron una estufa de su casa y el horno, pero "gracias a que los artefactos son nuevos y las válvulas de gas funcionan bien no se generó ningún inconveniente", apuntó.
Los hermanos Iaccarino entienden que los hechos no son solo como un amedrentamiento hacia su persona "sino también a cualquier otro testigo en quien puedan infundir el miedo a través de estas estrategias".
Ahora esperan por el juicio oral que aguarda desde hace más de tres años su concreción, para revisar los secuestros y las torturas que sufrieron las víctimas que pasaron por la Brigada de Lanús. "Nos destruyeron la salud y la vida. La tortura nos destruyó el páncreas, así que salimos en libertad diabéticos; nos ataban las manos y los pies con cadenas durante la tortura, nos reclamaban que expliquemos por qué teníamos tanta plata, nos la terminaron robando", resumió Alejandro al respecto.
EL CASO IACCARINO
El caso de la familia Iaccarino es emblemático entre los crímenes del terrorismo de Estado vinculados con motivos económicos. "Viene Papel Prensa y después nuestro caso en tres de persecuciones a empresarios por la dictadura", contó Alejandro, uno de los tres hermanos que durante los '60 y los '70 amasaron una fortuna asentada en varias empresas (Constructoras Sureña Argentina SA, Ilumbras SRL, Ciatra SH, Industrias Lácteas Santiagueñas Sacifa, establecimiento agropecuario La Marta y MM El Milagro).
En 2013, condenaron a dos ex jefes policiales que actuaron en El Infierno, Bruno Trevisán y Jorge Ferranti, a tres años y cuatro años de prisión "en un juicio que claramente fue intervenido para que nos jueguen en contra a nosotros", denunció Iaccarino. La condena fue por mayoría -con los votos de los jueces subrogantes Pablo Vega y Pablo Jantus- y contó con la disidencia de Carlos Ronzanski. Las bajas condenas, impuestas por la comisión de "vejaciones y severidades" en lugar de tormentos, fueron apeladas y aumentadas en instancias de Casación. Sin embargo, la sentencia avanzó hasta la Corte, donde hoy espera una resolución. "Es la verdad, fuimos secuestrados y torturados para despojarnos del esfuerzo de toda nuestra vida", cerró Alejandro en diálogo con Página 12.
