La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó el rechazó la eximición de prisión de Fernando Mercerat, el dueño de una conocida inmobiliaria platense que lleva su apellido y está acusado de ser el autor material e intelectual de "la explotación de una red de trata de personas en La Plata".
El acusado quedó ahora mucho más cerca de ser encarcelado. La fiscal del caso tiene el camino allanado para eventualmente pedir su detención y se hará efectiva en caso que el juez lo considere pertinente.
El Intendente eligió a su secretario de Planeamiento, Sergio Resa, como cabeza de lista de concejales y, pese a las especulaciones, el funcionario asumió en su banca.
Pablo Elías seguirá al frente del bloque oficialista mientras que Guillermo Bardón conducirá LLA. Nicolás Morzone será jefe del PRO.
No fue lo único que definió la Cámara: también confirmó la prisión preventiva de un albañil, el único detenido por el caso.
El revés judicial para el dueño de la inmobiliaria se conoció este jueves y la decisión llega para respaldar al juez de Garantias después de su rechazo al pedido del acusado y la subsiguiente apelación.
El caso salió a la luz el pasado 26 de junio, tras una redada judicial y policial en La Plata, en el marco de una investigación que desbarató una red de prostíbulos que funcionaban en la ciudad. Ese día hubo más de 40 allanamientos en casas particulares que habían sido alquiladas por el mismo empresario, en muchos casos, a espaldas de los propietarios, según surge de la investigación en curso. En rigor, existen cuatro causas detrás de esta red de prostitución: tres están radicadas en el ámbito Federal y otra en el fuero Penal de La Plata.
Los investigadores sospechan que Mercerat cobrada hasta 40.000 pesos mensuales por sobre el valor del alquiler a las trabajadoras sexuales a las que les rentaba esas viviendas, lo que se configuraría como como un delito de explotación sexual, por la percepción de ese dinero.
En ese marco, fuentes del caso revelaron que otra de las situaciones particulares que emerge de esta investigación es que "muchos dueños de las propiedades no sabían que alquilaban su casa para montar un prostíbulo siendo ocultado ello por la inmobiliaria". En los allanamientos se secuestraron carpetas de alquileres y tras su análisis se estableció que los garantes de los alquileres "eran siempre los mismos, truchos, tanto para los prostíbulos como para casas alquiladas a familias", señalaron los voceros consultados.
Pese a la magnitud de los procedimientos, la causa tiene apenas un detenido: el albañil que realizaba tareas de mantenimiento en las casas alquiladas, quien es es asistido por los abogados Fernando Palazzo y Christian Parodi.
Fuentes del caso señalaron en modo de queja que "muchos departamentos fueron desalojados antes de los allanamientos por fuga de información del Poder Judicial". En cuanto a otros avances de la investigación se detectaron numerosos contratos con firmas falsas e inválidas, en espejo con la legalidad de las garantías.