La causa en la que se investiga presunto espionaje ilegal en La Plata, por el momento, no tendrá detenidos. La Cámara de Apelaciones y Garantías dictó la exención de prisión bajo caución juratoria al ex titular de Asuntos Internos (AI) del ministerio de Seguridad boanerense, Guillermo Berra y a la abogada María del Rosario Sardiña, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
El planteo había sido rechazado por el juez de Garantías Guillermo Atencio. La defensa, a cargo de abogado Marcelo Peña, apeló la resolución y la Sala II, con el voto de Laura Lasaga y Sergio Almeida, hizo lugar al planteo de la defensa. Cabe aclarar que no existían órdenes de detención vigentes. El incidente procesal fue por impulso precautorio de la defensa que, de esta manera y de no mediar un cambio en la acusación, se aseguró que los imputados transiten el proceso en libertad.
El caballo murió en el lugar tras ser embestido por dos autos en Ruta 11. Uno de los conductores era de La Plata y su acompañante resultó herida.
Los jóvenes de La Plata que juegan al basquet en Parque Alberti expresaron su repudio tras el violento episodio originado en una disputa por la cancha.
Berra y Sardiña tienen solo un llamado a indagatoria. Medios nacionales (sin acceso al expediente judicial) anunciaron que eran inminentes las detenciones, pero ante la presentación del recurso, la Cámara Penal de La Plata clarificó el cuadro de situación. Ahora resta que la Alzada resuelva la batería de nulidades interpuestas también por la defensa.
Ambos imputados cumplieron funciones en AI durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora y Cristian Ritondo en su rol de titular de la cartera de Seguridad. Tras el allanamiento encabezado por la fiscal Cecilia Corfield se secuestró una voluminosa cantidad de documentos. Entre ellos apareció una lista de objetivos que fueron espiados patrimonialmente sin orden judicial que avalen y controlen esa tareas de inteligencia interna.
La investigación por espionaje que también tiene en la mira a Vidal y Ritondo consta de más de 1400 consultas en bases de datos privados. Los apuntados sobre las tareas de inteligencia fueron políticos, magistrados, empresas y dirigentes sociales; entre otros. Y en el listado al que accedió este medio hay varios nombres de La Plata.
Los platenses son el ex juez de Garantías César Ricardo Melazo, el ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Daniel Piqué, la empresa Inversiones Los Hornos SRL y el mutualista Juan Carlos Tocci.
Pero además figuran tareas de relevamiento de datos sobre entidades que tienen sede en La Plata; como el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, ambas cámaras legislativas provinciales.
LA CAUSA
En la lista de espiados aparecen la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense y su titular el abogado platense Juan Eduardo Caniggia, el Senado provincial, la Cámara de Diputados y el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.
En el extenso listado que está bajo análisis judicial también aparecen la Fundación Compañía Social Equidad, Air Energy Services SA, Agropharma Salud Animal SA y Los cuatro de Don pancho Agropecuaria SA, hasta la empresa Shell, cuyo titular de la filial argentina fue el ex ministro de Energía del macrismo, Juan José Aranguren.
El escándalo salió a la luz el 23 de octubre de 2019 con el allanamiento a la sede de Asuntos Internos encabezado por la fiscal Corfield. En la lista de espiados también figura un funcionario policial, marido de la fiscal. En ese procedimiento también se encontraron evidencias de espionaje sobre la fiscal Silvina Langone, quien estuvo a cargo del juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear que generó el primero de los cimbronazos políticos de Cambiemos en los ámbitos nacional y provincial desde fines de diciembre de 2015 hasta mediados de enero de 2016.
También se encontraron evidencias de espionaje sobre el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de la fiscal Langone, y parte de la familia de ambos.
También figuran tareas de inteligencia sin orden judicial sobre el “Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”. Y las empresas Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A. (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A.
La causa por espionaje se inició a raíz de la denuncia presentada por el ex comisario Néstor Martín, en la que se dio cuenta de una red de espionaje ilegal que funcionaba en el corazón del Ministerio de Seguridad bonaerense a las órdenes de Ritondo y la ex gobernadora Vidal.