Las nuevas modalidades delictivas devengadas de la mutación del crimen organizado generan la necesidad de actualizaciones permanentes en la búsqueda de herramientas novedosas para dar lucha al delito organizado. En ese marco desde un sector del Colegio de Abogados de La Plata (CALP) se impulsa la creación de una fiscalía especializada en “criminalidad económica y en el combate investigativo contra la corrupción”, según se detalla en el proyecto al que accedió 0221.com.ar.
Desde el Instituto de Criminalidad Económica, Lucha contra la Corrupción y Compliance del CALP se elevó el proyecto para que sea analizado en el seno del Consejo Directivo de la institución para luego ser remitido a las autoridades provinciales.
“La Criminalidad Económica afecta el orden económico constituido por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, y constituye un flagelo que afecta de modo decisivo los recursos públicos y el correcto funcionamiento del sistema económico y financiero”, se detalla entre los fundamentos de la iniciativa impulsada por los abogados Marcelo Peña, titular del Instituto, y Sebastián Bouvet, secretario del área.
En otro pasaje del proyecto se detalla que los eventos de criminalidad económica y corrupción “se fueron acrecentando y complejizando a medida que el Estado fue aumentando su intervención en la economía, ya sea para ocupar un rol activo (Estado Social), como así también cuando ocupa un rol pasivo (estado liberal, en sus diversas manifestaciones)”.
Argentina es miembro e integrante pleno del GAFI desde el año 2000 ( Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF según su sigla en Inglés) organización intergubernamental para fijar estándares y promover la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y para cumplir con sus objetivos el GAFI emite una serie de Recomendaciones conocidas como Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creando de esta forma la base para dar una respuesta coordinada a las amenazas mencionadas.
“La corrupción se presenta como un fenómeno sumamente complejo que debe ser abordado de modo amplio mediante el diseño y la aplicación políticas investigativas que den cumplimiento a las mandas internacionales”, se detalla en el documento que fue puesto a debate.
En caso de ser aprobada, la propuesta será enviada al Procurador General de la provincia de Buenos Aires para que se comience con el trámite formal de la creación de los cargos y cupos que deben tener trámite legislativo.
En el trabajo se destaca que la creación de la fiscalía especializada “tiene como objetivo primordial el de perseguir penalmente a los delitos económicos y vinculados a la administración pública, planificando y desarrollando acciones para unificar en forma eficiente y eficaz la lucha implacable contra la corrupción, coordinando de forma estratégica esta labor, tanto internamente como con organismos e instituciones provinciales que tienen que ver con esta gama de delitos, a fin de obtener como resultado que estos hechos no queden en la impunidad y sean debidamente sancionados de acuerdo al Código Penal”.
Esta unidad temática se abocaría a investigar delitos contra la propiedad como estafa, defraudaciones, usura, asociaciones ilícitas, usurpación de autoridad, títulos u honores, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, violación de sellos y documentos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones Ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
También se propone que indague en casos de delitos contra la fe pública como falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito, falsificación de sellos, timbres y marcas y falsificación de documentos en general, entre otros.
Además tendrá injerencia en el cumplimiento de leyes especiales como:
Régimen Penal Tributario ley 27.430 (art. 279), en lo que respecta a los tributos provinciales.
Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas n° 27.401. En estos caso siempre que se sea competente para investigar el delito cometido por la persona humana (art. 26).
Ley de Residuos Peligrosos n° 24.051. En la medida en que se afecte al medio ambiente provincial.