Dos jueces, un ex fiscal, policías, lobistas, simuladores, sicarios, narcos y delincuentes. Todos esos rubros figuran en la currícula de la banda mixta con presunta protección judicial que operaba en La Plata y fue desbaratada hace dos años luego de 18 allanamientos. Muchos de los acusados, por el momento, seguirán presos hasta el juicio oral. La jueza de Garantías avaló la investigación de la fiscal Betina Lacki y dictó la prisión preventiva que luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.
Los primeros detenidos fueron el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas de La Plata); el oficial Gustavo Mena (ya cesanteado por otra causa); Javier Ronco (quien estaba con arresto domiciliario por un doble homicidio); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes (detenido por el homicidio de Juan Farías, ex integrante de la banda); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo); Héctor “Pepe” Vega; y el barra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández.
La lista de procesados la completan Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia y el policía Marcos Chiusaroli, quienes fueron excarcelados pero siguen vinculados a la causa.
Todos estos nombres integran el primero de los lotes de involucrados a los que un mes después, en agosto de 2018, se sumaron el suspendido juez de Casación, Martín Ordoqui; el ex juez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo; el ex fiscal Tomas Moran; el ex jefe de la barra de Estudiantes de La Plata, Ruben “El Tucumano” Herrera y el lobista Enrique Petrullo.
Este expediente tiene vasos comunicantes que se ligan con otra causa que tiene tras las rejas a la empleada de Casación bonaerense, Eugenia Mercado, cuya situación procesal se vio complicada luego de la declaración de Lidia Perna como “testigo arrepentida”, la primera en la historia del Departamento Judicial de La Plata.
Mercado se desempeñaba como secretaria del juez Ordoqui. Se sospecha que negociaba dádivas (coimas) a cambio de beneficios procesales para acusados de graves delitos. La hipótesis fiscal indica que Mercado, por orden de Ordoqui, era el nexo con Perna quien buscaba la excarcelación o el arresto domiciliario de su detenido jefe, Ariel Heine, procesado por varias estafas y usurpaciones entre otros delitos.
En tanto Ordoqui está imputado y fue suspendido en su cargo de juez por orden de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. El magistrado tiene fueros que sirven como terraplén de contención para el avance de la Justicia. Para ello es necesario que sea destituido de su cargo.
GÉNESIS
La causa se inició en el marco de la investigación por el homicidio de Juan Roberto Farías, un ex convicto que fue asesinado en diciembre de 2010 por, se sospecha, miembros de la megabanda mixta integrada por jueces, policías y ladrones.
En principio la instrucción del caso estuvo en manos del ex fiscal Moran (uno de los involucrados como posible integrante de encubrimiento judicial), pero fue desplazado del cargo y su lugar es ocupado por la fiscal Lacki quien encontró irregularidades en esa investigación (por la que fue detenido “Quichua” Manes) y comenzó con un trabajo silencio, de años, que derivó en uno de los casos de mayor gravedad institucional desde el regreso de la democracia en el fuero Penal de La Plata.
Se cree que Farías fue ejecutado por un ajuste de cuentas internos de la banda. Lo acusaban de haber robado una millonaria suma de dinero en la vivienda de Roberto Zapata, ex ayudante de campo del técnico de fútbol, Néstor Craviotto. Zapata fue una de las víctimas “marcadas” por un integrante de la banda. El robo ocurrió en una propiedad de avenida 13 entre 70 y 71, cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón en pleno centro de La Plata. Entro los asistentes de esa fiesta estuvieron Melazo y Yalet.
Mientras se desarrollaba el evento, delincuentes ingresaron por el techo de la casa, tras practicar un boquete, y forzaron una caja fuerte en una de las habitaciones, donde había (según el reporte policial) 60 mil pesos, alhajas y documentación.
Farías negó ser el autor del atraco. En la causa existen evidencias que apuntan a otro integrante de la banda como el verdadero escruchante. En diciembre de 2010 al menos cuatro personas fueron hasta el departamento de Farías a exigirle que entregue el dinero del atraco, pero el señalado aseveraba que no lo tenía y lo mataron. En el marco de esa investigación existen varios testimonios que señalan una reunión para festejar el Día del Amigo, en la casa de un comisario en City Bell, de la que habría participado el ex juez Melazo. Allí se habría decidido no robar en la casa de Zapata, pero alguien tenía planes particulares, “se cortó solo” en términos del hampa, y ejecutó el plan por fuera de la empresa criminal conjunta.
Manes fue detenido luego del testimonio de una vecina del edificio donde vivía Farías. La mujer aseguró que por la mirilla de la puerta de su casa vio “de espaldas” a uno de los autores del homicidio. En una insólita rueda de reconocimiento donde los sospechosos estaban todos de dorso, la testigo dijo estar “casi segura” al señalar a Manes. Con esa prueba lo detuvieron en un penal. Luego fue beneficiado con arresto domiciliario, pero lo descubrieron vendiendo drogas y lo devolvieron tras las rejas, donde espera el juicio.
En la causa madre, según testimonios, se destaca que Manes y el ex policía Mena fueron socios en una concesionaria de autos usados y en un lavadero de autos en la zona de Altos de San Lorenzo, pero, se sospecha, esos comercios eran la fachada en la que enmascaraban la verdadera actividad: narcomenudeo de mediana intensidad. Todo eso será posible materia de análisis en el juicio, en caso que los testigos mantengan sus dichos de la instrucción penal preparatoria.
También hubo otro dato que llamo la atención a los investigadores. No existen filmaciones de cámaras de seguridad en la fecha del asesinato de Farías. Frente a la escena del crimen funcionaba una sucursal del Banco Santander Río con cámaras propias que monitorean y registran los movimientos, durante las 24 horas. Esas imágenes quedan guardadas en una copia de seguridad pero, llamativamente, cuando tardíamente el fiscal Moran las solicitó, desde la entidad bancaria alegaron que “por error” se habían borrado. Una gran cadena de casualidades que atentaban contra el esclarecimiento del homicidio, caso que sirvió como punta de ovillo para deshilvanar una madeja de presunta podredumbre judicial y policial. “Esta causa cruza transversalmente a la sociedad platense”, declaró el procurador Conte Grand cuando el caso estalló mediáticamente y le dio “todo el apoyo” a la fiscal.
