"Si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre", reprochan inmigrantes que viven en La Plata. Por esto, la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes del Laboratorio de Investigación Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, en conjunto con diversas organizaciones, realizarán una olla popular en 7 y 50 este miércoles desde las 13.30 y en medio del día inaugural de la cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para frenar los contagios de coronavirus.
La actividad se desarrollará manteniendo los protocolos sanitarios y de distanciamiento establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación y se llevará a cabo en respuesta a la "inacción de los Gobiernos provincial y municipal", según anticiparon.
Lo que plantean las organizaciones es que es urgente "resolver las necesidades de los diversos colectivos migrantes que, en cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), no han podido acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ya sea por problemas administrativos o por las limitaciones que el mismo Estado ha puesto; como tampoco a una ayuda alimentaria para poder sobrevivir".
"En un contexto donde mantener la cuarentena es fundamental para garantizar nuestra salud y supervivencia, los trabajos se han resignificado a escala mundial. Sin embargo, se ha hecho difícil para los migrantes poder volcarse a otra actividad que pueda garantizar su supervivencia ya que la mayoría de los hermanos y hermanas migrantes son jornaleros del trabajo rural y urbano", explicaron. Allí incluyen a los trabajadores de la construcción, limpieza, comercio callejero, artistas callejeros y trabajo doméstico, entre otros.
Sumado a esto, denuncian que en las últimas semanas han sido víctimas de operativos policiales "con prácticas que rozan y fomentan el racismo, la discriminación y la xenofobia". "Un ejemplo de eso es la persecución a los trabajadores de la venta callejera, cuyo único delito era tratar de llevar un plato de comida a su hogar", agregaron.
"A través de una encuesta que realizamos cuando comenzó el ASPO, pudimos observar que solo el 5% de la comunidad senegalesa, un porcentaje de la comunidad colombiana, paraguaya, chilena, boliviana y peruana que vive en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, pudieron acceder al IFE. El resto no solo no recibieron el ingreso sino que tampoco recibieron ningún tipo de ayuda alimentaria", detallaron.
Pese a un gesto inicial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, quienes representan a toda esta comunidad extranjera argumentan que la ayuda fue pasajera y no les alcanza para desarrollar una vida normal.
Así, además de reclamar el Ingreso Familiar de Emergencia, también exigirán la regularización documentaria para todos los migrantes, un freno a la persecución policial y la violencia racista, discriminatoria y xenófoba de las instituciones estatales, junto con el juicio y castigo a quienes abusen de estos trabajadores.
