El Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, presentó un recurso ante la Suprema Corte provincial para que confirme el hábeas corpus dictado por el juez Víctor Violini que habilitó el análisis de prisiones domiciliarias para reclusos que integran grupos de riesgo ante el eventual contagio de COVID-19. En caso de rechazo dejó la puerta abierta para trasladar el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según se desprende del documento judicial al que accedió 0221.com.ar.
Luego de hacer un análisis detallado del crítico estado de las cárceles, sobre el final del documento, Coriolano solicita a la Corte provincial que rechace la apelación del fiscal Carlos Altuve y confirme el hábeas corpus de Casación que generó la primera turbulencia política en era del Frente de Todos tanto en el ámbito provincial como nacional.
En caso que la Suprema Corte provincial rechace el hábeas corpus dictado por el juez, a pedido de 19 defensores oficiales que dependen del Procurador Julio Marcelo Conte Grand; Coriolano ya dejó abierta la posibilidad de llevar el planteo a la Corte nacional, ya que dejó expresamente escrito en el documento que “se tenga presente la reserva del caso federal”.
En su escrito, Coriolano sostiene que no existe un caso de gravedad institucional ni tampoco se configura un cuadro de masivas libertades como sostiene el Procurador General, en sintonía con el fiscal Altuve. Así, denuncia que ninguno de los recurrentes indicó en cifras reales el impacto que ha tenido la decisión de la Casación y que, muy por el contrario, según la información recibida de distintos integrantes de la defensa pública provincial, existe una gran cantidad de pedidos alternativos al encierro que son sistemáticamente rechazados por los jueces y objetados por los fiscales.
A modo de ejemplo, citó el caso de Bahía Blanca donde señala que de 80 casos peticionados por la defensa pública, solo se habían resuelto 7 y en 79 había expresa oposición del Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, sostuvo que el criterio de resolución del Tribunal de Casación no implica la concesión de arrestos domiciliarios en forma directa, sino que exige una decisión de cada magistrado particular a cuya disposición se encontraba cada una de las personas detenidas, previo a analizar si el tipo de delito y los antecedentes sanitarios para corroborar si la persona pertenecía a un grupo de riesgo. Incluso, sostiene que hasta en los casos de “delitos leves” se requería necesariamente de un juicio valorativo del juez de la causa, es decir, un mínimo proceso de conocimiento en el que se debatiera sobre el carácter del delito y sobre la acreditación de los presupuestos sanitarios.
Coriolano hizo foco en que el pedido de los defensores se fundamentó en las instrucciones recibidas por el propio Conte Grand mediante la Resolución N° 158/20 de la Procuración, organismo que, precisamente, ahora se opone a las concesiones de esa medidas, contexto que a criterio de Coriolano “genera una situación que afecta el normal funcionamiento de la defensa pública”.
El letrado refirió además que Casación reconoce la posibilidad desde hace más de 20 años de entender en resoluciones de hábeas corpus colectivos en forma originaria, sin que ello implique ninguna situación de gravedad institucional ni afectación a la distribución constitucional de competencias. Además, destacó que la ley de víctimas aun no fue sancionada por la legislatura bonaerense y que la interpretación de la norma nacional debe ser acorde al principio de legalidad.
En definitiva, Coriolano expresó la necesidad de que se ordene la situación en el marco de la grave crisis humanitaria frente al cuadro de hacinamiento existente en las cárceles bonaerenses, que fuera reconocido en reiteradas oportunidades por Corte provincial en distintas resoluciones oficiales. Además solicitó que la cima del Poder Judicial bonaerense dicte normas que regulen la situación de los hábeas corpus en la Justicia Penal provincial.
