Un pedido de juicio político recayó sobre el juez platense Víctor Violini, integrante del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos aires y quien firmó el polémico habeas corpus que permitió el análisis de medidas de morigeración (arrestos domiciliarios) para presos que integran la población se riesgo ante el eventual contagio con Covid-19 el temible agente biológico causante de coronavirus, enfermedad que puede ser letal.
El proceso es impulsado por la ONG Usina de Justicia. Muchos de sus integrantes son adherentes o estuvieron vinculados al macrismo. La diputada platense Carolina Piparo integró la organización, pero renunció en desacuerdo por la impugnación a un juez. Quien sigue en sus filas es el fiscal platense Marcelo Romero.
En el documento al que accedió 0221.com.ar se sostiene que con su resolución el juez Violini incurrió en “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por “la realización de actos que demuestran incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones”.
El escrito fue presentado ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, organismo que depende del Senado provincial.
Usina de Justicia supo ser el tanque de pensamiento judicial de Juntos para el Cambio. En ella están agrupados abogados, magistrados, legisladores y ciudadanos que abonan la teoría punitivista como una de las herramientas para combatir la inseguridad ciudadana, entre otros aspectos del derecho penal y los conflictos sociales, postura conocida como “mano dura”, aunque sus integrantes hablan de “mano justa”.
Cabe recordar que casi todos los jueces de Casación prestaron el acuerdo vía remota para dictar el habeas corpus de la polémica. El único que no emitió opinión fue el juez Mario Eduardo Kohan.
El habeas corpus de la polémica fue impulsado por 19 defensores oficiales que dependen jerárquicamente del procurador general, Julio Marcelo Conte Grand, quien supo ser uno de los funcionarios de mayor confianza de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal.
