La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires definirá esta semana pautas para otorgar detenciones domiciliarias a reclusos que se encuentren en los grupos de riesgo por el coronavirus en penales bonaerenses.
La definición del máximo tribunal bonaerense se dará tras la polémica que generaron una serie de excarcelaciones concretadas luego de que el juez Víctor Violini (integrante del Tribunal de Casación Penal bonaerense) hiciera lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia, funcionarios que orgánicamente dependen del Procurador General, Julio Marcelo Conte Grand.
La celebración del aniversario no se detiene y este lunes en el Hipódromo de La Plata habrá shows en vivo, gastronomía y espacios para artistas y emprendedores.
En ese fallo, Violini indicó que podían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes, que estén involucrados en delitos leves. Sin embargo, en el mismo no se detallaba cuáles eran esos delitos.
El martes pasado, la Corte declaró admisible un recurso de queja presentado por el Fiscal de Casación, Carlos Altuve, y resolvió suspender la aplicación del fallo Violini. En su presentación el fiscal sostuvo que la resolución en cuestión configuró un supuesto “de extrema gravedad institucional por las consecuencias directas que de él se derivan, pues pone en crisis la buena marcha de las instituciones al poner en jaque al sistema jurídico penal”.
Por su parte el Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, presentó un recurso ante la Suprema Corte provincial para que confirme el hábeas corpus. En caso de rechazo dejó la puerta abierta para trasladar el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según se desprende del documento judicial al que accedió 0221.com.ar.
Luego de hacer un análisis detallado del crítico estado de las cárceles, sobre el final del documento, Coriolano solicita a la Corte provincial que rechace la apelación del fiscal Altuve y confirme el hábeas corpus de Casación que generó la primera turbulencia política en era del Frente de Todos tanto en el ámbito provincial como nacional.
En su escrito, Coriolano sostiene que no existe un caso de gravedad institucional ni tampoco se configura un cuadro de masivas libertades como sostiene el Procurador General, en sintonía con el fiscal Altuve. Así, denuncia que ninguno de los recurrentes indicó en cifras reales el impacto que ha tenido la decisión de la Casación y que, muy por el contrario, según la información recibida de distintos integrantes de la defensa pública provincial, existe una gran cantidad de pedidos alternativos al encierro que son sistemáticamente rechazados por los jueces y objetados por los fiscales.
Una fuente de la Corte le señaló a la agencia Télam que el máximo tribunal resolverá entre el lunes y el martes su posición y dará “un fallo ordenador que establezca un camino de racionalidad” sobre las excarcelaciones.