La investigación penal por muerte de Lucas Kevin Lin, de apenas 5 años, en la colonia de vacaciones del Colegio Lincoln está en plena etapa de definiciones. El juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi debe determinar si prospera o no el pedido de juicio oral realizado por la fiscal Cecilia Corfield para los once procesados. En la lista de sospechosos se anotan autoridades de la institución, guardavidas y empleados municipales.
El requerimiento de juicio oral fue realizado el 17 de septiembre de 2019. El Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires establece un plazo de cinco días corridos para la resolución de estos planteos. Pero pasaron más de siete meses (235 días al momento de la confección de esta nota) y las partes (fiscal, abogados de la familia y defensores) siguen sin obtener respuesta.
La familia de la víctima es representada por los abogados Andrea Reynoso y Matías Pietra Sanz quienes analizan pedir penas de prisión de cumplimiento efectivo para guardavidas y autoridades de la institución.
En el eventual escenario que el juez determine que todos los acusados deban llevar sus defensas a la etapa de juicio oral, se podrá apelar la resolución ante la Cámara Penal y elevar quejas con el objetivo de que se dicte una nueva resolución que podrá ser confirmatoria o no de lo rubricado por el magistrado garante de la instancia. Eso generará una nueva etapa de espera hasta que defina la instancia superior.
La lista de acusados la integran el director de la colonia, Osvaldo Ramos, la accionista Roxana Costa, la representante legal Mónica Cauteruccio y el dueño de la escuela, Rubén Gerardo Monreal. Los cuatro fueron indagados por el delito de “homicidio culposo”.
En la carátula de la causa también figuran el encargado de la colonia, Marcos Echaniz, quien en su declaración indagatoria por el delito de "homicidio culposo" apuntó a las autoridades de la escuela. Sostuvo que recibió sugerencias para que declare una versión distinta a lo que había ocurrido para que el seguro de responsabilidad civil corra con los gastos de indemnizaciones. Otro de los acusados es el guardavida Martín Argüelles, acusado de abandono de persona seguido de muerte. La tercera es Carolina Muro, señalada también por abandono de persona seguido de muerte.
La nómina de sospechosos la completan los empleados municipales Myriam Salinas, Diego de Luca, María Daniela Tost Teruggi y Fernando Parodi sobre quienes pesan sospechas de irregularidades en el otorgamiento de la habilitación municipal del trágico precio ubicado en 518 y 137. Para la fiscal, esos cuatro funcionarios públicos concurrieron a la colonia del Colegio Lincoln días antes de la muerte del menor para su inspección e "insertaron datos falsos toda vez que no se cumplían los requisitos mínimos establecidos en las ordenanzas municipales" para habilitar el lugar.
El 5 de febrero de 2019, Lucas y un grupo de compañeros fueron a la colonia del Colegio Lincoln. El pequeño murió ahogado alrededor de las 15.30 en una pileta de grandes dimensiones, en un lugar donde no había cámaras de monitoreo.
Si bien cuando llegó la fiscal "había colocada una soga para indicar el lugar de la pileta a partir del cual cambiaba la profundidad", varios testigos aseguraron que "no había ninguna soga puesta cuando murió el nene", de acuerdo a los voceros judiciales.
La declaración de un policía y de una ex empleada de la colonia de vacaciones, complicaron la situación de las autoridades de la institución. De sus versiones se desprenden dos datos centrales: el lugar no contaba con una camilla de traslados ante posibles emergencias y las autoridades se manejaron con “frialdad” respecto a la familia de la víctima.
Según se lee e interpreta de las declaraciones que ya forman parte del expediente, el menor fue transportado en brazos desde la pileta hasta una oficina para continuar con las tareas de reanimación. En el predio no hay camillas de traslado, una omisión de elementos de seguridad que apunta directamente a la responsabilidad de los propietarios, quienes deben contar con todas las medidas de seguridad exigidas en el marco normativo.
Las normas de la ciencia forense indican que el cuerpo no puede ser movido del lugar hasta la llegada de los peritos. En este caso puntual el cadáver del menor no fue resguardado, eso implica, potencialmente, una posible contaminación de la escena del crimen.
Otro de los testigos describió que le llamó la atención que "nadie del establecimiento se acercó a los padres del nene (…), la frialdad con que manejaron la situación con los padres".
Una de las exempleadas de la colonia confirmó que al día siguiente del trágico episodio, quienes estuvieron al momento de hecho se reunieron con una psicóloga del colegio. El motivo, realizar un encuentro para hablar del tema y liberar tensiones, pero la profesional intentó enfocar a los trabajadores (futuros testigos del proceso) en que “el colegio no tenía nada que ver con lo que había pasado”. También confirmó que les pidieron que el lunes siguiente volvieran a trabajar. “Estábamos todos llorando, no habíamos hecho el duelo, cero respeto a la familia (de Lucas Lin), cero respeto a nosotros”, expresó la testigo.
Esta declaración le da musculatura procesal a la conducta de los directivos de la empresa educativa, quienes también están señalados de entorpecer la investigación. Tal como informó este medio, desde el colegio enviaron a la fiscal Cecilia Corfield, información desactualizada de su plantel de persona, lo que significó demoras en las notificaciones emanadas desde la fiscalía.
Los datos que contiene el documento son nombre y apellido de docentes, con sus respectivos domicilios, números de documento de identidad y teléfonos celulares. El informe fue escrutado en sede judicial. Detectaron que los domicilios están desactualizados y los números de teléfonos, "adulterados". Esta situación implica dificultades para los investigadores, que deben citar a los testigos pero las cédulas judiciales no llegan a destino.
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