Cientos de personas privadas de su libertad en La Plata quedaron más cerca de salir de prisión excarcelados o bajo arrestos domiciliarios (mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio) luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró rechazó la apelación presentada por el fiscal de esa instancia, Carlos Altuve, contra la resolución que dispuso la concesión de beneficios de excarcelación o morigeración para detenidos en cárceles de la Provincia en situación de riesgo por coronavirus.
Se trata de la resolución dictada el 8 de abril último, con la firma del juez Víctor Violini, que habilitó beneficiar a unos 800 presos en toda la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos alojados en cárceles de la Plata. La resolución fue apelada, pero no hicieron lugar al planteo.
En la sentencia de Casación, se había encomendado también a los jueces de instancias inferiores que analicen caso por caso soluciones posibles para sacar del ámbito carcelario a personas en conflicto con la ley que integren grupos de riesgo ante posible contagio con Covid-19. También se reiteró la prohibición de alojamiento en comisarías, entre otras cosas.
El Fiscal de Caasción pidió que se suspenda la aplicación de esa medida al cuestionar que en el hábeas corpus se precisaba bien cuáles eran los delitos graves y los leves señalados en la decisión judicial.
PANORAMA PROVINCIAL
Casi 1.200 presos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires permanecen en huelga de hambre en reclamo de que se agilicen los reclamos judiciales para otorgarles distintas morigeraciones en sus condenas, entre ellas prisiones domiciliarias, salidas transitorias o excarcelaciones, entre otras.
Fuentes judiciales aseguraron que se sumaron a la huelga de hambre más de 300 presos de la Unidad Penitenciaria 41 de la ciudad de Campana, hacia donde concurrieron distintos funcionarios del Ministerio de Justicia provincial e integrantes del Comité Provincial por la Memoria (CPM).
Se hallaban en huelga de hambre 140 presos de la Unidad 12 de Joaquín Gorina; 26 de la Unidad 27 de Sierra Chica; 25 de la Unidad 31 de Florencio Varela; 22 de la Unidad 33 de Mujeres de Los Hornos; 42 de la Unidad 39 de Ituzaingó; 527 de la Unidad 48 de San Martín; 332 de la Unidad 41 de Campana y 70 de la Alcaidía Pettinato, de Olmos.
Los presos exigen que se cumplimente el fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense que ordenó que se le otorgue prisión domiciliarias a quienes se encuentren dentro de la población de riesgo, es decir personas mayores de 65 años o con enfermedades preexistentes que favorezcan el contagio y la complicación de un cuadro de coronavirus.
Muchos de los presos que participan de la huelga de hambre son internos que ya estaban gozando de salidas transitorias y que, como consecuencia del aislamiento, fueron suspendidas y permanecen alojados dentro de los penales hasta que se levante el decreto del gobierno nacional.
En este marco defensores oficiales de toda la provincia de Buenos Aires solicitaron al gobernador Axel Kicillof el cese de condenas para descomprimir penales y comisarías. La Carta Magna provincial habilita al Gobernador para dar por finalizada una pena antes de tiempo.
La situación intramuros de las cárceles bonaerenses es dramática. En ese marco, Kicillof deberá analizar si hace lugar o no a la solicitud para conmutar penas a “detenidos con sentencia firme (cuya condena) concluya este año” y a “quienes cumplieron más de la mitad de una pena de cinco años”, según se lee en el escrito oficial.
El pedido de los defensores está fundado “en la crisis humanitaria” por el “hacinamiento en cárceles y comisarías” de Buenos Aires, según se lee en la primera foja del documento. Esta iniciativa choca de frente contra la postura del jefe de los fiscales y defensores oficiales, el procurador general Julio Conte Grand, quien hace dos semanas ordenó a los fiscales que apelaran todas las morigeraciones y excarcelaciones que dictaran los jueces al tiempo que les ordenó a los defensores que no pidieran medidas de morigeración para los detenidos bajo su asistencia legal.
