César Ricardo Melazo está en riesgo de contraer coronavirus. Así lo denunciaron sus abogados defensores en una presentación ante la justicia Penal. Según sostiene esa parte, se debió a una mala praxis sanitaria e higiénica en la que habría incurrido personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el último traslado del ex juez a consultorios médicos periciales ubicados en La Plata. Esta denuncia se da en el marco de la resolución de otro habeas corpus que debe definir el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires en el que Melazo sostiene que es población de riesgo y pide volver a su vivienda en el marco de un arresto domiciliario.
Tal como este lunes anticipó 0221.com.ar esta semana Casación debe resolver el planteo realizado por la defensa. A esta posibilidad de arresto domiciliario se opuso la fiscal de Casación María Laura D’Gregorio quien solicitó que Melazo sea analizado por médicos de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte provincial. Esa pericia médica se realizó el martes último y durante su traslado habría estado expuesto a riesgo de contagio, siempre según la versión de la defensa a cargo del abogado Oscar Salas.
“El traslado fue en sí mismo una secuencia de situaciones de exposición a contagio del COVID-19, tan evitable como innecesaria”, se señala en la denuncia. En el duro documento de denuncia donde esa parte no ahorra críticas al accionar judicial se asevera que durante el traslado a La Plata Melazo estuvo sin protección y en contacto con personal penitenciario que cumple funciones en una dependencia oficial donde hay tres casos positivos de coronavirus y otros 15 sospechosos
En uno de los párrafos de la denuncia la defensa señala como “bochornoso” el traslado en el que “cuatro efectivos del SPF, sin barbijos, sin guantes, sin observar un protocolo de profilaxis, y sin siquiera guardar distancia precautoria” entre ellos y Melazo “partieron desde el penal de Villa Devoto en un vehículo de traslado común”.
“Al retirar a nuestro pupilo procesal de su lugar de detención, en la Unidad 31, quebraron el aislamiento total en el que permanecía ese establecimiento hasta ese momento. El viaje de 90 minutos en ese vehículo fue seguramente el Woodstock para el virus: 5 personas entre las cuales hay potenciales portadores en un espacio pequeño, sin divisiones, donde salvo el conductor, los otros estaban enfrentados, hablando, sin barbijo y sin tomar ningún cuidado”, señaló el defensor quien no ahorró críticas a la oposición de la fiscal: “Como podemos creer en la idílica teoría de la salubridad carcelaria esbozada por la fiscal cuando en 90 minutos se rompieron todas las reglas que el ministerio de salud, la presidencia, la OMS y el buen tino disponen para protegerse del contagio?”
Luego de describir una serie de presuntas anomalías la defensa considera que “es difícil” creer “la existencia del maravilloso contexto de salubridad y resguardo vital que aportaba en su escrito la Fiscal, a partir del basto panorama que dibujan las temerarias situaciones que describimos”.
En el cierre de la denuncia la defensa muestra claramente su malestar por el tratamiento que se le dio a este habeas corpus. En lo que esa parte considera una “reflexión” asestó: “Los avatares judiciales, las inaceptables presiones periodísticas y las oquedades procesales hicieron lugar a la participación de la Dra. D’Gregorio. Pero su participación en este incidente permite entrever que el fin que persigue está lejos de propender a que se haga justicia. Más bien trasluce que, el Ministerio Público, se esfuerza por poner en el podio la potestad punitiva que su cargo le confiere. Nosotros estamos muy ocupados en procura de proteger una vida”.
HABEAS ORIGINARIO
En los primeros días de este mes de abril la defensa de Melazo presentó un habeas corpus ante el Tribunal de Casación bonaerense en el que solicitó el arresto domiciliario para el ex magistrado quien está señalado de liderar una asociación ilícita. La presentación fue realizada luego de que esa instancia le otorgó el arresto domiciliario a otro presunto integrante de la banda, Enrique “Quique” Petrullo, medida que tardó cuatro días en efectivizarse y que fue recurrida por la fiscal de Casación, Alejandra Moretti, para que la Suprema Corte provincial analice si fue bien concedida o no esa morigeración, según dejó traslucir el jefe de los fiscales bonaerense Julio Conte Grand en una entrevista televisa otorgada este jueves por la noche en la señal de cable A24.
El efecto sorpresa que generó la salida de Petrullo de la cárcel hizo que la atención resurgiera sobre esta causa que salió a la luz en la feria judicial de invierno de 2018 y conmocionó a la sociedad de La Plata que se enteró de la existencia de una megabanda integrada por, según la acusación, policías corruptos, narcos, sicarios, barras, empresarios, lobistas, marcadores y magistrados en distintas instancias del fuero Penal.
Esa luz de alerta por la morigeración efectivizada el 7 de abril último iluminó la existencia del pedido de Melazo para acceder al mismo beneficio. Fuentes judiciales adelantaron que el juez de Casación Ricardo Borinsky ordenó que el planteo sea tratado por el juez de primera instancia quien tiene a su cargo al detenido Melazo. De concretarse esta versión, el juez de Garantías Agustín Crispo deberá resolver la requisitoria de morigeración.
En relación a la presentación del recurso directamente en Casación, una instancia superior incluso a la Cámara de Apelaciones, la fiscal D’Gregorio consideró que ese salto de instancias no corresponde y que el recurso debe ser encausado “a través del juez de la causa, a cuya disposición se encuentra el detenido, a los fines que analice la situación de éste y velar en su caso, por la garantía del doble conforme, tal como se viene sosteniendo en distintos habeas corpus originarios que ingresaron durante este período de cuarentena, en los cuales se ha resuelto la remisión con carácter de urgente de las actuaciones al órgano de origen a los fines que analice y resuelva la situación del interno, ello con la finalidad de asegurar la igualdad ante la ley de todos los justiciables”. Nadie encuentra una razón lógica o sincera "del per saltum que intenta la defensa", detallaron voceros oficiales con acceso al expediente.
