En el marco de las medidas con las que se busca reducir la circulación del coronavirus (COVID-19), la presidencia del Concejo Deliberante de La Plata emitió tres decretos entre los que figura el de suspender las sesiones ordinarias y especiales hasta el 31 de marzo.
En la práctica eso afecta a la sesión ordinaria prevista para el 25 de marzo y la sesión especial por el Día de la Memoria que se había pautado para el mismo día a las 10 de la mañana en el espacio de memoria que funciona en la ex Comisaría Quinta, donde operara un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
No es el único decreto que firmaron este lunes la presidenta del cuerpo, Ileana Cid y el secretario legislativo Guillermo Anderson. También otorgó licencia especial a quienes llegaron desde países con casos confirmados de coronavirus con el fin de que puedan cumplir con las previsiones sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias. La licencia, como en otras dependencias corre desde el ingreso al país y por 14 días.
En una tercera medida similar, la Presidencia del cuerpo otorga a partir de este lunes "y hasta nuevo aviso", la posibilidad de no ir a a trabajar a los empleados que formen parte de los grupos de riesgo: personas de más de 60 años, mujeres embarazadas, inmunodeficientes, diabéticos del tipo 1 (insulinodependientes), insuficientes renales, personas con patorlogías cardiovasculares, trasplantados, pacientes oncológicos y con antecedentes de patología respiratoria o cursando infecciones de ese tipo.
A partir de la toma de éstas medidas y en especial en relación a la suspensión de las sesiones, se dispuso que las secretarías y dependencias funcionarán con guardias mínimas y suficientes a través de los jefes de cada área o quienes los sustituyan y la mínima cantidad de agentes para cumplir con las tareas indispensables.
Se supone que eso afectará a las reuniones de las 12 comisiones de trabajo permanente, las cuales -de todos modos- terminaron de conformarse este lunes.
Todos los decretos están fundamentados en el riesgo para la salud pública que representa el brote de la enfermedad y en línea con las medidas que tomaron los gobiernos nacional, provincial y municipal, donde se decretó la emergencia sanitaria por 180 días.
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