El avance de la reforma previsional del Poder Judicial la Nación (jueces, fiscales y defensores oficiales) y el cuerpo diplomático, tiene su correlato en La Plata donde al menos cuatro magistrados están en condiciones de presentar la renuncia, quedar empoderados con el 92% móvil de jubilación y gambetear el nuevo sistema que se impulsa y que este jueves obtuvo sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
La Plata se prepara para lluvias y tormentas intensas con ráfagas, posible granizo y actividad eléctrica. Piden precaución y seguir los reportes oficiales.
Mientras cumplen sus penas en la cárcel de Melchor Romero, cuatro de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa cursan Derecho en la UNLP.
La reforma se aplicará directamente a los jueces Federales (entre otros), fuero que tiene sede propia en la ciudad. En el tradicional edificio de 8 y 50 y sus propiedades satélites, conviven jueces de primera instancia, fiscales, defensores oficiales, jueces de cámara y jueces de tribunales orales que se vería alcanzados por la medida.
Uno de los que está en condiciones de esquivar el nuevo marco previsional es el camarista Julio Reboredo quien es el más antiguo de los actuales jueces de la Cámara Federal de La Plata. Fue designado magistrado de este tribunal en octubre de 1984. Fue uno de los impulsores de los Juicios por la Verdad que llevó a cabo la Cámara Federal de La Plata desde 1998, cuando aún estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El propósito de esta iniciativa, llevada a cabo por distintos tribunales del país, era respetar el derecho de los familiares de las víctimas de la dictadura de conocer las circunstancias de la desaparición y, en su caso, el destino final de los restos.
En la misma situación está el polémico juez Federal de primera instancia Adolfo Gabino Ziulu. El magistrado avaló los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri y planchó la causa por presuntos aportantes truchos de Cambiemos en las campañas electorales de 2015 y 2017 del PRO en la provincia de Buenos Aires, que presidía la exgobernadora María Eugenia Vidal.
El magistrado tiene 73 años y lleva 18 al frente del Juzgado Federal 2 de La Plata, cargo en el que reemplazó al exmagistrado Ricardo Ferrer que renunció al cargo en medio de un escándalo por un supuesto pedido de coimas a la empresa Torneos y Competencias (TyC).
Ziulu también fue docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata y en la actualidad también subroga el poderoso Juzgado Federal 1 de La Plata que es el órgano encargado de controlas las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral del país.
El tercero de los nombres que integran la nómina de jubilables es Nelson Javier Jarazo juez del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata. Tiene más de 60 años e ingresó al Poder Judicial en 1977 como empleado y accedió a la magistratura el 31 de agosto de 1989 como Defensor Oficial.
Como magistrado fue el encargado del megajuicio narco realizado en La Plata donde condenaron a 23 integrantes de un clan colombiano por el lavado de más de 5 millones de dólares.
Esta primera lista la completa el fiscal Marcelo Molina quien lleva más de 30 años en el cargo y se destacó por lograr condenas históricas a genocidas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
EXPEDIENTE 21
El proyecto establece el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 65 años y el cálculo de los haberes como promedio de los aportes de los últimos 10 años; además de aumentar un siete por ciento el aporte de activos del Servicio Exterior, entre otras cuestiones. Propone también que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.
En los fundamentos de la iniciativa que lleva el 21 como número de expediente, el Gobierno nacional, señaló que "es parte de un conjunto de iniciativas propiciadas con el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan".
"Si bien la vinculación de los regímenes previsionales especiales con los principios de unidad y solidaridad de la seguridad social es motivo de recurrente debate, corresponde aclarar que dichos regímenes son aquellos por los cuales se busca asegurar a ciertos sectores ocupacionales condiciones jubilatorias más beneficiosas por el tipo de actividad que desarrollan; las que usualmente demandan una dedicación especial ligada a una carrera", aclara la medida.
Para el Poder Ejecutivo, "la preservación del principio de solidaridad requiere que la protección dispensada por el régimen especial guarde una estrecha relación con el esfuerzo contributivo de los afiliados, a fin de que el financiamiento de dicho régimen no sea solventado con los recursos comunes de la seguridad social". "Por ello, el logro de una adecuada proporcionalidad entre el haber y el esfuerzo de cotización asumido es una condición fundamental para prevenir la generación de una redistribución regresiva que en los hechos constituya al régimen jubilatorio especial en un régimen de privilegio", concluyó.