El futuro del empresario inmobiliario de La Plata, Fernando Mercerat, procesado por explotación sexual de personas trans, aparece más complicado aún en el horizonte. Una pericia informática realizada sobre los teléfonos de los dos detenidos en la causa da cuenta que el empresario era quien daba todas las órdenes y directivas dentro de la maniobra criminal de alquilar (en negro) propiedades a personas trans que ejercían la prostitución y a las que les cobraba un sobre alquiler por realizar dicha actividad, muchas veces, a espaldas de los dueños de esas propiedades.
La pericia ya fue presentada en la investigación que lleva adelante la fiscal Cecilia Corfield. Junto a Mercerat. Está detenido (con arresto domiciliario) el albañil Marcelo Bardella (asistido por los abogados Fernando Palazzo y Christian Parodi), quien sostiene que solo se encargaba del cobro de alquileres y del mantenimiento de propiedades, todo por orden del empresario. Esa versión, aparece confirmada en el informe pericial practicado sobre los teléfonos de ambos acusados.
A fojas 32 del extenso y puntillos informe la perito detalla: “Acorde a las conversaciones mantenidas entre Marcelo Bardella y Fernando Mercerat (…) puede verse una gran cantidad de elemento probatorios en relación a los cobros de alquileres. Esto implica que a Marcelo lo enviaban a realizar cobros permanentemente y hay reiterados audios en el chat, donde Fernando lo intima a ‘Traer plata’, un mensaje por más reiterado en casi todas las conversaciones diarias”.
Según la perito, son claros los roles en la relación laboral. Mercerat era quien daba los órdenes y estaba al tanto de todas las maniobras. Además señalaba que monto se debía cobrar a los inquilinos y luego que montos (inferiores) se les declaraban a los propietarios.
Según la investigación, el dueño de la conocida inmobiliaria platense que lleva su mismo nombre, utilizó propiedades que las alquilaba a espaldas de sus legítimos dueños para que funcionen como lugares para el ejercicio de la prostitución.
Los investigadores sospechan que Mercerat cobrada hasta 40.000 pesos mensuales por sobre el valor del alquiler a las trabajadoras sexuales trans a las que les rentaba esas viviendas, lo que se configuraría como como un delito de explotación sexual, por la percepción de ese dinero. En ese marco, fuentes del caso revelaron que otra de las situaciones particulares que emerge de esta investigación es que "muchos dueños de las propiedades no sabían que alquilaban su casa para montar un prostíbulo siendo ocultado ello por la inmobiliaria". En los allanamientos se secuestraron carpetas de alquileres y tras su análisis se estableció que los garantes de los alquileres "eran siempre los mismos, truchos, tanto para los prostíbulos como para casas alquiladas a familias", señalaron los voceros consultados.
