El Gobierno autorizó a nivel nacional el autocultivo controlado de cannabis medicinal, al igual que el acceso de sus aceites y derivados en farmacias autorizadas, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
Se hizo a través del decreto 883/2020, en donde se informa los alcances de la nueva reglamentación de la ley 27.350 de uso medicinal del cannabis. "Resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica", destacó el Ejecutivo en el escrito.
"Que reglamentar adecuadamente el acceso al cultivo controlado de la planta de cannabis, así como a sus derivados, para fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, implica cumplir el objeto de la Ley N° 27.350, de garantizar y promover el cuidado integral de la salud, y el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al Programa, en las condiciones que se establezcan", se precisó.
El ministerio de Salud será la autoridad de aplicación del programa Reprocann (Registro del Programa de Cannabis) que tendrá como objeto registrar a los pacientes que necesiten acceder a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, "como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor", para emitir las correspondientes autorizaciones.

"Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación. Podrá inscribirse en el Reprocann quien cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado correspondiente, en las condiciones establecidas por el programa", se detalló en el documento oficial.
En julio, 0221.com.ar había contado acerca del proyecto de ley que había ingresado a la Cámara de Diputados bonaerense. Era una idea que contó con el asesoramiento de la organización RESET - Política de Drogas y Derechos Humanos, con el objetivo de brindar argumentos y conceptos claros y necesarios para una regulación integral de los usos terapéuticos de la planta de cannabis.
Se buscaba la autorización para sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir cannabis y sus derivados con fines medicinales al Poder Ejecutivo, a organismos de ciencia y tecnología, a laboratorios, a universidades, a centros de investigación, a personas jurídicas sin fines de lucro y a personas humanas, sus tutores, curadores, representantes legales o referentes afectivos.