Una persona detenida dio positivo de coronavirus pero no fue trasladado a un lugar de aislamiento, al contrario, fue alojado en un pasillo de la comisaría Novena de La Plata, donde en junio pasado, se detectaron al menos ocho casos positivos en la seccional ubicada en 5 y 59. Esta situación fue denunciada en el marco de un habeas corpus presentado en el fuero Penal local.
Omar Alejandro Mansilla fue detenido en mayo pasado, luego de una pelea en 161 y 52 que fue denominada mediáticamente como “La batalla de los cuñados” en Melchor Romero. Se trata de un paciente crónico con discapacidad permanente y que está medicado con anticonvulsivos, explicó Daniel Galleguillo, abogado del acusado de intento de homicidio.
“Tiene hundimiento de cráneo en dos partes de su cabeza, está a la espera de una prótesis, es un enfermo crónico durante el resto de su vida”, detalló el letrado en diálogo con 0221.com.ar.
Pese a ese cuadro sanitario, Mansilla está detenido en un calabozo policial desde hace cinco meses, en contradicción con la resolución oficial 2301/19 en la que se establece que los pacientes crónicos no pueden estar detenidos en comisarías.
Su estado de salud fue señalado en la causa penal con la presentación de certificados médicos. En mayo, la defensa pidió el arresto domiciliario. La audiencia a ese planteo se realizó el 18 de septiembre y aun no fue resuelto por el juez de Garantías, Eduardo Silva Pelossi.
Durante su detención (ya con prisión preventiva confirmada) Mansilla pasó por varias comisarías de la región: Primera (en dos oportunidades), Segunda, Tercera, Novena y Cuarta de Berisso.

La situación de aislamiento social agravó las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad como las de detención de las personas privadas de su libertad. También generó más retrasos en el servicio de Justicia en el fuero Penal de La Plata y otras circunstancias que complicaron el desarrollo laboral de abogados.
Esta situación fue expuesta por el abogado Galleguillo quien envió tres puntillosas cartas: a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, al ministerio de Justicia bonaerense y al Colegio de Abogados de La Plata. La única respuesta que recibió fue el silencio de los tres sectores.