En los diez meses que van de 2020 ya se registraron 51 tomas o intentos de usurpaciones en La Plata. Así lo refleja un informe elaborado por la Municipalidad, donde además se indica que la mitas lograron desactivarse a partir de la intervención policial. El otro 50% se mantienen y crecen -según lo exponen las autoridades- con el apoyo de organizaciones sociales.
Por eso, el intendente Julio Garro reclamó “una justicia activa” y un gobierno nacional y provincial “en sintonía, cuidando la propiedad privada y la vida de todos los vecinos”.
En la actualización del relevamiento, la Comuna precisa el nivel de ocupación de los 25 predios que fueron tomados este año y no fueron desactivados. Tres de ellos tienen una ocupación alta: en las zona ferroviaria de 120 de 42 a 45, en Los Hornos (de 142 a 152 y de 76 a 81 bis) y en Romero (de 524 a 526 de 173 a 175), siete tomas tienen una ocupación media y las restantes 15 tienen una ocupación baja.
El Jefe Comunal repudió las usurpaciones que se han generado en la ciudad, y puso el foco en los graves riesgos hídricos que ocasiona la falta de planificación en el crecimiento urbano.
“La especulación de algunos atenta contra la vida de muchos. En los últimos días frenamos varios intentos de usurpaciones. Estos no son sólo actos ilegales que afectan la propiedad privada. También exponen a familias a vivir en zonas de riesgo de inundación”, sostuvo.
Garro recordó que junto a la UNLP desarrolló un informe para la reducción del riesgo por inundaciones. "Ese documento es central para mi administración y tiene que servir como política de estado, gobierne quien gobierne”, dijo. “La Plata está atravesada por arroyos. Esto lo tenemos que tener en cuenta en el desarrollo urbanístico y así evitar repetir errores”, añadió en alusión a la fatídica inundación de 2 de abril de 2013.

Desde la Comuna, se indicó que cuando se toma conocimiento de una toma, de inmediato se interviene con la Dirección de Tierras y la Secretaría de Legal y Técnica, por un lado para conocer la titularidad del dominio usurpado, y por otro para solicitar la inmediata intervención judicial para liberar su desalojo.
La Secretaria de Planeamiento Urbano local, María Botta, explicó que “en cualquier caso de toma, la Comuna realiza la denuncia penal por estar dentro del territorio del Partido; si el terreno es privado, el propietario realiza su denuncia; y si es un terreno fiscal, la denuncia es realizada por el organismo competente según sea municipal, provincial o nacional”.
“En paralelo, la Policía acude al lugar para intentar desactivar la usurpación y, si se mantiene activa, se espera que el juez ordene el desalojo, como logramos realizar recientemente sobre el reservorio de Los Hornos. Lo cual gracias a una articulación con la Justicia se logró su rápida intervención”, cerró la explicación.