La cita pautada comenzó casi con puntualidad. El protagonista de la entrevista regresaba de inaugurar una capacitación a sala llena en uno de los espacios del Colegio de Abogados de La Plata (CALP) donde su presidente, Hernán Colli, pasa la mayor parte del día atendiendo los temas de gestión, de coyuntura y de mediano y largo plazo. Se acomoda en el sillón de su despacho mientras termina de acomodar su extensa agenda de actividades diarias, cerca de la exclusividad para lo institución.
En la lista de obligaciones se anotan capacitaciones profesionales, conferencias, consultorios jurídicos gratuitos y servicio de justicia, temas de su gestión cotidiana. A esos tópicos, en el encuentro con este medios, sumó las declaraciones del presidente de la Suprema Corte bonaerense que habló de “causas artificialmente armadas” en el Poder Judicial, el funcionamiento de la justicia en La Plata, la selección de jueces, el debate por el nuevo Código Civil, Comercial y de Familia para la provincia de Buenos Aires y hasta de los preparativos para el futuro debate presidencial entre Alberto Fernández (Frente de Todos) y Mauricio Macri (Juntos por el Cambio). El entrevistado dejó planteado un pedido a la dirigencia que va a las urnas: la construcción de una política de Estado en materia judicial que sea transversal a los climas de época.
-Esto fue iniciativa que tomamos en el año 2017 y la consolidamos a partir de 2018 con algunos programas específicos que pretenden garantizar el acceso a la justicia fuera del formato profesional que venimos desarrollando desde nuestras creaciones que tiene que ver con el consultorio jurídico gratuito. Organizamos bajo una única área la supervisión y la coordinación de todos esos programas de los que el consultorio jurídico gratuito es uno, pero también tenemos la administración del registro de abogados del niño, estamos en un incipiente relanzamiento del registro de abogados de víctimas, el centro de mediación para articular la resolución del conflicto en una forma no adversarial de los mismos casos que se reciben de estos programas y algo que funciona desde principios del año 2018 que es la derivación de los casos que llegan desde los centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de los cuales nosotros tenemos 400 casos y nos derivan desde los CAJ de Villa Elisa, Ensenada, Altos de San Lorenzo y La Plata Centro, casos de personas vulnerables para que abogados de un registro específico los atiendan y perciben una retribución y está fijado en el convenio que paga el Colegio con fondos del ministerio de Justicia, tenemos asignados unos 150 casos de personas muy vulnerables respecto de acceso a derechos. El registro de abogados del niño trabaja muy bien, comienza una nueva capacitación, necesitamos tener más abogados en el registro, ya tenemos 100 inscriptos y la tuvimos que cerrar porque nos desbordó pero la vamos a reiterar próximamente enfocada en los abogados que residen fuera de la cabecera departamental porque es una necesidad cada vez más importante tener abogados del niño en cada uno de los Juzgados de Paz del Departamento Judicial.
-¿Cuáles son los conflicto que más se reiteran?
-Temas de familia que no tienen que ver con divorcios ya que se ha simplicado, hablamos de régimen de comunicación, responsabilidad parental y hay muchos casos derivados de los CAJ que tiene que ver con la identificación de personas como menores indocumentados sin partida de nacimiento o DNI.
-¿Qué evaluación tienen desde el Colegio en cuanto al funcionamiento del servicio de Justicia en lo que va del año respecto de años anteriores?
-En general estamos igual con algunos problemas sin resolver que requieren algunas decisiones que nosotros esperamos que se tomen. Estamos con un conflicto judicial que no termina de resolverse y eso es un factor de preocupación porque nos impide trabajar e impide que nuestros asistidos puedan resolver los problemas para los que requieren los servicios de los abogados. Ha habido algunos avances en el fuero Laboral después de la modificación de la nueva Ley de Procedimientos ya están en marcha los concursos para la conformación de las cámara, esto es algo necesario para que el proyecto se pueda poner en funcionamiento en la fecha establecida. El Código Procesal Civil, Comercial y de Familia que se trabajó en una comisión del ministerio de Justicia en la que participamos activamente como Colegio tiene estado parlamentario y esperamos que después de las elecciones tenga tratamiento en la Legislatura y algunos temas pendientes que para nosotros es esencial que supere las coyunturas político electorales, se pueda conformar una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados y entre todos, incluyendo los Colegio, podamos definir una verdadera política de Estado en materia de Justicia, que no quede sustenta a los avatares electorales o a las coyunturas gubernamentales, sino trazar un horizonte de un mejor servicio de Justicia, de jueces que reunan otro tipo de características más acorde a una política de Estado que la sostenga cualquiera sea el gobierno de turno. Para eso es fundamental en el plano nacional y provincial insistir en la modificación de los consejos de la magistratura, respetar la cláusula constitucional que respeten el equilibrio de los estamentos y que se logre la despolitización de las designaciones que es lo que ha pretendido hacer la Constitución. Desde la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA), en la comisión de debate presidencial acorde a la ley vigente, hemos propuesto temas muy concretos a los candidatos, nos interesa saber qué piensan en materia de Justicia.
-¿Ya están trabajando en el debate presidencial?
-Sí, la Federación Argentina de Colegio de Abogados integra esa comisión y aportamos los temas. Se supone que el debate se realizará antes de la elección de octubre y eventualmente hay previsto un segundo debate si hubiera ballotage.
-¿Qué temas se plantearon para el debate?
-Planes de reforma de Justicia, reforma del Consejo de la Magistratura, mecanismo que tienen que ver con la gestión de la administración de Justicia ya que es un poder del Estado que quedó rezagado en algunas cuestiones del control de gestión, del control de administración. Hay jurisdicciones locales de justicia nacional que tienen experiencias muy positivas que no logran propalarse como buenas prácticas o buenos ejemplos porque por su naturaleza los poderes judiciales tienden a ser conservadores y les cuesta incorporar. Nos pasó con el sistema de notificaciones electrónicas, estamos trabajando, tenemos dificultades, pero nos ha mejorado sensiblemente la calidad del nuestro trabajo y costó muchísimo que esto se ponga en funcionamiento. Ahora son mínimas las críticas al sistema, en especial de los abogados más jóvenes que están más adaptados a este tipo de herramientas. Son caminos que cuestan pero pretendemos que el debate de la Justicia exceda a las coyunturas político partidarias, es un debate sumamente esencial que debe superar cualquier dicotomía de este tipo y vemos que permanentemente la discusión de la Justicia se termina politizando en favor o en contra de alguna determina postura y esto no suma ni contribuye a la confianza que la ciudadanía tiene que tener respecto de quien en última instancia van a ser quienes les reconozcan o no los derechos que tienen.
-¿Este proceso electoral está alterando la vida institucional del Colegio?
-Si hablamos de los que conformamos el oficialismo del Colegio no porque somos pluralistas, independientes y apartidarios. Siempre nos hemos propuesto que el Colegio esté al servicio de los abogados y no de intereses políticos partidarios, más allá de que cada uno tiene su ideología e iremos a votar, tenemos nuestras preferencias, algunos de nosotros fuera del ámbito colegial tienen alguna participación política pero son los menos. La idea siempre fue dejar todo eso en la puerta del Colegio y acá venir a trabajar por los abogados y la abogacía. Esto nos da una enorme libertad para acompañar y dar nuestra opinión de aquellas iniciativas que nos parecen correctas y tener autoridad para señalar aquello que no se está haciendo bien y esto es una enorme garantía para la independencia de la institución que es lo que nos preocupa honrar, lo otro no tiene ni siquiera sentido analizarlo porque cualquier declaración o es de mala fe o es consecuencia de una enorme ignorancia.
-Se está debatiendo en nuevo Código Procesal Civil, Comercial y de Familia que es resistido por varios jueces del fuero, qué opinan desde el Colegio sobre este proyecto.
-Lo primero que hay que aclarar es que las leyes se debaten en la Legislatura, los que definen el texto final son los legisladores y el debate tiene que ser enriquecedor, si me parece que el enojo de algunos magistrados es injustificado, lo he hablado personalmente con muchos de ellos, me parece que hay un lectura errónea de lo que está escrito y también de las intenciones que se han tenido al redactarlo de esa manera pero si se requieren aclaraciones se pueden hacer. La discusión del proyecto es por principios y no por artículos, los artículos como toda obra humana pueden modificarse, mejorarse, aclararse. La discusión de fondo para nosotros es que queremos otro proceso Civil, que sea por audiencias, con un juez que esté presente en el proceso desde el inicio hasta la finalización y no que solamente reciba un expediente para elaborar una sentencia, queremos un proceso más ágil, salir de estas cuestiones decimonónicas de un testigo que declara ante un escribiente que trata de transcribir un acta que el juez la lee algún tiempo después. Queremos una audiencia filmada donde se vea el lenguaje verbal y el gestual, los abogados vamos a tener que entrenarnos para poder preguntar eficazmente en esos actos procesales. Además tiene aspectos novedosos, interesantes, como justicia de menor cuantía oralizadas para reclamos de menor importancia económica pero que son significativos para las personas, que no tienen dificultades probatorias y pueden dirimirse en una audiencia; la eficiencia y consolidación legislativa de las presentaciones y notificaciones electrónicas.
-¿Qué opina de los dichos del Presidente de la Corte bonaerense que habló de causas armadas en la justicia provincial?
-No soy ni defensor ni intérprete del doctor (Néstor) De Lázzari, no me necesita y le sobran conocimiento y experiencia. Sí percibí cierta mala intención en la interpretación que de un lado y de otro se quiso hacer de sus declaraciones y que se descontextualizaron. Leí su exposición completa, si bien las frases aisladas pueden ser fuertes, contextualizadas, hay que saber leerlas. Hay que superar la denominada “grieta” comprometiéndonos todos en construir una política de Estado, tener un Poder Judicial realmente independiente en cualquier circunstancia política, tener los mejores jueces, los más probos, los más honestos, los más comprometidos con el trabajo, porque eso es la garantía que tenemos los ciudadanos y fundamentalmente los que tiene una situación circunstancial de poder y luego dejan de tenerla y queda demostrado permanentemente que cuando los jueces no son honestos, probos e independientes pueden ser los verdugos de aquellos mismos que en su momento protegieron, pero la consecuencia es haber elegido mal a los jueces, no las acciones presentes.
-Ahí los consejos de la Magistratura son una herramienta central
-Un rol clave. El Consejo de la Magistratura especialmente el Federal que está totalmente desequilibrado, donde la representación política predomina en un órgano que no debería predominar porque la intervención política en la designación de los jueces tiene que ver con el acuerdo que le puede prestar el Senado donde están representadas las provincias y el arco político. La función del Consejo, si bien tiene un condimento político, es una función técnica para respetar el equilibrio de los involucrados y para que las ternas se conformen a partir de antecedentes objetivos que se permitan evaluar quiénes son los mejores postulantes. La conformación del Consejo es la llave de todo. Que ningún estamento pueda predominar con sus decisiones sobre los otros.
-¿Qué mensaje quiere transmitirle a sus representado?
-Seguir trabajando y capacitándose, nos parece un tema esencial pero se relativiza y de alguna manera está naturalizado y no es así. El Colegio presta un servicio, entre otros, de formación, de capacitación, de actualización académica de excelencia con cursos que la mayoría no son arancelados, con expositores de primerísimo nivel en el plano local y nacional, pero esto deriva de decisiones institucionales previas, no es que la actividad académica funciona de manera autónoma de quienes conducimos los destinos del Colegio y eso es un esfuerzo institucional que hacemos entre todos porque se costea con los fondos que todos gestionamos con decisión inquebrantable de favorecer la capacitación continua, la actualización y lo que les pedimos a las abogadas y abogados que nos sigan acompañando, aprovechando los servicios que presta el Colegio y que sigan participando, porque este es otro dato interesante, el Colegio tiene 34 institutos, cerca de 60 comisiones muchas creadas en los último años, para que cada abogado o abogada encuentre un espacio institucional donde poder recabar sus inquietudes, resolver sus problemas y canalizar sus deseos. Hay áreas que son impresionante en cuanto al movimiento de gente como el de Administración de Justicia, donde se reúnen 50 colegas en cada encuentro, el área de Acceso a la Justicia que tiene más de 10 comisiones en la que participan abogados que recién comienzan su carrera y desde el Colegio se los acompaña en sus primeros pasos del ejercicio profesional para que resuelvan los problemas de la gente y salir de esa visión tan judicialista, en los consultorios jurídicos se resuelven diariamente un sinnúmero de situaciones que no necesariamente pasan por el trámite judicial, intentar relativizar el funcionamiento del consultorio -donde se resuelven problemas de salud, de vivienda o de otras áreas-, es una visión antigua, desactualizada de los que es el ejercicio profesional.
