El juicio oral para Mariano Bruera, acusado de integrar una asociación ilícita junto a exfuncionarios municipales, ingresó en un nuevo impasse judicial debido a que uno de los abogados defensores sufrió una descompensación y debió ser asistido en una guardia hospitaliaria, según consta en la copia del certificado médico que fue enviada al Tribunal Oral Criminal II de La Plata a cargo del debate.
Se trata de Marcelo Peña, defensor del exdesarrollador inmobiliario Gustavo Roberto Orlandi, quien sufrió una descompensación de salud y fue atendido de urgencia en la guardia del Hospital San Roque de la localidad de Gonnet. La situación fue informada por Julio Banfi, secretario del Tribunal quien, tras el cuarto intermedio dictado, comunicó en la sala de audiencias las gestiones realizadas para corroborar la situación que había sido informada por el acusado en la previa del inicio del debate. En ese marco, los jueces citaron a los defensores y fiscales para una reunión informativa para este miércoles 21 de agosto, a las 10.
Mientras se definía el futuro del juicio, decenas de personas cortaron el tránsito en reclamo por la absolución de Bruera a quien consideran un preso político. De la marcha participaron el presidente del Partido Justicialista de La Plata, Luis Lugones; el diputado provincial Guillermo Escudero; el dirigente gremial Adolfo "Fito" Aguirre; y el exconcejal de La Plata, Gabriel Bruera, hermano del acusado.
Mariano Bruera y Gustavo Orlandi integran la lista de procesados junto a Gustavo Petró, Enrique Sette, Roberto Moreno y Cristian Ibarra. Sette, exsecretario de Gestión Pública; Moreno, Petró y Bruera están procesados por "asociación ilícita, cohecho pasivo y exacciones ilegales", todos estos en concurso real.
La causa se inició por la denuncia el abogado y empresario platense Guillermo Andreau en 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 200 mil dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.
De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado por la gestión de Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
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