La inflación de los 50 medicamentos más consumidos por las personas mayores llegó a un promedio de 333% en los últimos tres años y medio. Sin embargo, las jubilaciones en dólares se redujeron de 427 dólares en junio de 2015 a 256 dólares en junio del 2019.
Ahora bien, el problema del precio exorbitante de los medicamentos no es nuevo y a lo largo de la historia nos hemos visto atravesados muchas veces por los abusos de los grandes monopolios farmacéuticos. Me gustaría hacer un poco de historia para que evaluemos cuál fue la postura de los diferentes gobiernos para abordar esta problemática.
En 1946, el gobierno de Juan Domingo Perón también debió afrontar un aumento desproporcionado en el precio de los medicamentos. Esta situación llevó a que el Dr. Ramón Carrillo, en ese entonces Secretario de Salud Pública, impulsara la creación de la Empresa Medicinal del Estado (EMESTA). La empresa, creada mediante el decreto Nº 23.394/46, logró producir en poco tiempo 100 productos farmacéuticos de buena calidad a un costo entre un 50 y 75 por ciento menor que otros laboratorios, los cuales fueron distribuidos a farmacias de todo el país facilitando el acceso a las mayorías. Esta fue una política de carácter universal que entendió a los medicamentos como un bien social. Después del derrocamiento del peronismo, en 1955, se abrió una etapa caracterizada por la desconcentración de los centros de planificación de los servicios de salud y la marcha atrás en este tipo de políticas.
Durante el gobierno de Dr. Arturo Illia también hubo un aumento importante en el precio de los medicamentos. Como respuesta se sancionó la “Ley de medicamentos” o “Ley Oñativia”, que congelaba los precios y fijaba una política de control sobre la producción, comercialización e importación para las empresas farmacéuticas. Esto generó un gran enfrentamiento con el sector empresarial que acusaba al gobierno de inmiscuirse en la elaboración de medicinas. La respuesta de Illia fue contundente: “cada uno de ustedes tiene seis meses para presentarnos una declaración jurada en donde interpreten y afirmen cuál es la calidad de su medicamento y la composición de su costo de producción. Con esa documentación hablamos, mientras tanto los precios siguen congelados”. Diversos historiadores coinciden en que esta política tuvo un peso decisivo en el proceso político que culminó con un golpe de estado y la toma del poder por parte de Onganía.
Durante del gobierno de Alfonsín hubo un intento de regular el mercado del medicamento a través de la creación del Fondo de Asistencia a Medicamentos, a partir del cual se pretendía abastecer con 200 medicamentos a hospitales de todo el país a través de licitaciones públicas y control de precios. Sin embargo, las presiones de las industrias farmacéuticas provocaron desabastecimiento en medicamentos que hizo que la medida fracasara.
En el gobierno de Carlos Menem se dictaron resoluciones que tuvieron un impacto liberalizador creciente y dieron como resultado un importante incremento en el precio relativo de los medicamentos y, al mismo tiempo, en la rentabilidad del sector farmacéutico. Se eliminaron las trabas a la importación y se bajaron los aranceles alegando la necesidad de alentar la competencia existente en el mercado. Como corolario, en 1996 se reglamentó la Ley de Patentes 24.572. Como consecuencia de estas medidas, Argentina pasó a ser el quinto país más caro del mundo en el precio de los medicamentos, situación que se mantuvo con pocas variaciones hasta la devaluación del 2002.
"En el 2002, en un país envuelto en una profunda crisis económica y social, con más de 15 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, se sancionó la Ley 25.649 de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico impulsada por Ginés González García y se lanzó el programa REMEDIAR que buscaba centralizar las compras y proporcionó medicamentos esenciales a los centros primarios de atención".
El 29 de junio de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández, se sancionó la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV), que declaró de “interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”. A través de la reglamentación de esta ley, en 2015, se creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) como un organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación –hoy degradado a Secretaria– y que tenía como función, justamente, articular la PPM a través del diseño de políticas de investigación y producción pública de medicamentos, de manera de coordinar y asistir a cuarenta laboratorios de Producción Pública de Medicamentos que existen en Argentina.
En el gobierno de Mauricio Macri, el ANLAP no está funcionando como debería. En el 2016, se removieron las autoridades por decreto y no se ejecutó el presupuesto de 150 millones de pesos que le correspondían por ley y que iban a ser destinados a proyectos de ampliación. En el 2017 tampoco hubo presupuesto. En el 2018 comenzó a funcionar nuevamente, pero el presupuesto destinado fue de sólo 84 millones de pesos, y de unos 61 millones en el 2019, mucho menor que el proyectado en su creación. Por otro lado, el programa REMEDIAR fue reemplazado por el CUS (Cobertura Universal de Salud), que en términos reales significa una menor cobertura de medicamentos para la población más vulnerable. Este retaceo en el presupuesto viene acompañado por la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría y reducción del presupuesto en áreas claves para la prevención y control epidemiológico de enfermedades.
Lo que evidencia este breve recorrido histórico es que, si bien los procesos históricos son singulares y determinados por los contextos políticos y sociales específicos de cada época, hay un comportamiento persistente del sector empresarial farmacéutico tratando de imponer una política de medicamentos por sobre el Estado. Al mismo tiempo permite comparar cómo frente a esta situación, han actuado los diferentes gobiernos. Aquellos de corte neoliberal, como el de Menem y Macri, donde primó la complicidad; en contraposición con los gobiernos más cercanos a los intereses populares que intentaron, claramente con distinta intensidad y efectividad, ejercer un rol de control sobre los precios para garantizar el acceso masivo a los medicamentos y el derecho a la salud.
Cabe ahora la pregunta: ¿qué tipo de gobierno queremos para los próximos cuatro años?
*La autora es científica y precandidata a concejal de La Plata por el Frente de Todos
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