“En cuatro años no me mataron ninguna”, dice Mariana Ruffino, la titular de la Fiscalía N° 13 de La Plata, especializada en violencia de género en el ámbito intrafamiliar. Una unidad que comenzó a funcionar cinco meses después de la primera y multitudinaria marcha por Ni una Menos, que nació ante el hartazgo por la violencia machista y su expresión más feroz: los femicidios. Desde el corazón del edificio del Fuero Penal de 7 entre 56 y 57, la fiscal repasa con 0221.com.ar las claves de una problemática sociocultural en la que se percibe un cambio.
“2019 no ha tenido una diferencia con el año pasado, lo que significa que se ha estancado el crecimiento. Creo que han entendido que tienen el derecho de denunciar, han encontrado las herramientas y las instituciones están mucho más preparadas para recibir este tipo de denuncias”, aseguró la fiscal. Según afirmó, la gran escalada se dio entre 2016 y 2017.
En ese marco, Ruffino -que hasta su designación se desempeñó en la secretaría de la ayundantía fiscal de estupefacientes- señaló que hay ciertos períodos en los que se producen mayor cantidad de denuncias, relacionados con circunstancias de la vida cotidiana, como las vacaciones, el inicio de clases y las fiestas de fin de año. Todo siempre relacionado a la cuestión familiar. “Los temas que versan sobre los chicos o algún reclamo de la mujer como 'necesito zapatillas para empezar las clases', 'necesito que vengas a firmar la planilla del colegio', que suceden en cualquier casa, pero que cuando la relación se circunscribe en el ámbito de la violencia se producen estas situaciones que ellas denuncian”, detalla.
El delito que más se reitera en los casos que recibe el equipo conformado por 13 personas es el de la amenaza. “'Si no hacés esto, te voy a hacer esto', o una amenaza simple como ‘te voy a matar’, ‘te voy a prender fuego la casa’”, ejemplifica. No obstante, más allá de lo estadístico, sostiene que para su grupo de trabajo lo más grave son las lesiones. “No quiero decir que una amenaza no sea grave. Han sucedido casos en los cuales luego de una amenaza se da paso a la acción. La amenaza es un delito y como tal lo perseguimos, pero lógicamente ponemos el ojo en los casos en los que la amenaza pasa a la acción como lesiones”, aclara.
Y agrega: “En los casos graves ya tenemos denuncias previas y situaciones que hacían suponer que ahí se estaba dando un contexto de violencia. Cuando es la primera denuncia de una violación de medida cautelar, no intervenimos. Ahora, si esa víctima, estaba siendo sometida a delitos, ahí juntamos todas las causas e intervenimos con todo”.
Los casos de violencia psicológica no constituyen un delito, pero sí actos que requieren de la intervención de la Justicia. “Cuando no pasa de agresiones verbales, hostigamiento, persecuciones o mensajes de control (“Dónde estás”, “por qué estás haciendo esto”), interviene el juez de Paz o Familia. Se recibe la denuncia en Comisaría de la Mujer, a través del formulario de violencia familiar. Ellas después reclaman la imposición de medidas cautelares, de prohibición de acercamiento, ceses de actos de perturbación, hostigamiento y demás. Si se vislumbra la presencia de un delito en la persona que se acerca, aunque ella no lo considere como tal, porque pese a que le digan que las van a matar minimizan la situación, se formula la denuncia penal”, sostiene.
En los casos graves en los que la víctima se retracta de la denuncia, la fiscal continúa la causa. “Tengo la obligación de continuar. Claramente no soy necia, si advierto luego del informe ambiental, victimológico del equipo interdisciplinario, que retomaron la convivencia y todo está bien, priorizo la familia y me corro si tengo la certeza de que fue un hecho aislado. Si no, sigo yo, más allá de lo que la víctima opine. Lo que me ha valido amenazas, denuncias y un montón de cosas. Es lo que nos toca y la única tranquilidad que me da a mí que a esa víctima no le va a volver a pasar”, expresa.
Cuando advierten violencia extrema o una serie concatenada de desobediencias que hagan presumir que la víctima está en riesgo, Ruffino solicita la detención. Pero la mayoría de los delitos que trabaja su fiscalía no admiten los arrestos. “Si yo tengo una persona que desobedece constantemente una orden de un juez de Familia, que le dice que no te podés acercar, hostigar, amenazar, pegar y esa persona rompe permanentemente ese perímetro, qué nos hace pensar que se va a someter a proceso y va a cumplir lo que diga el juez Penal. Si no entiende lo que le está explicando un juez de Familia, la única manera en la que lo va a entender es a través de una medida de coerción personal, que le va a impedir hacer algo peor”, explica.
Según la titular de la UFI N°13, el paso previo de aviso de los casos penales está bastante canalizado. Y entiende que la transformación más radical en el funcionamiento de todo el sistema en lo que respecta a violencia de género se dio en 2018: “Hay un cambio de mirada muy importante, un cambio en las responsabilidades de los operadores en esto”, señala.
Ahora bien, ¿cómo se resguarda a la víctima? Además de nunca notificar al denunciado la formación de una causa, para evitar que cometa un acto más grave, en primer término, se contiene a la mujer y se le da las herramientas para que pueda salir de la situación de riesgo y luego pueda continuar el proceso judicial para llegar a la condena. “Eso sería la panacea. No sucede en todos los casos. Hay víctimas que quedan en el camino. Muchas recomponen el vínculo en pos de la familia. Otros casos en los que lógicamente llegamos a la condena”, reconoce la fiscal.
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Si bien la violencia de género atraviesa todos los grupos etarios y clases sociales, la franja de edad que más se repite en las causas que se inician en esa fiscalía es la de 25 a 35 años. Un dato saliente, aunque no refleje estadística, pero sí cambio de pensamiento, es el aumento de las denuncias de mujeres de 60 y 70 años. “Se animaron. Son personas con 30 o 40 años de matrimonio, con hijos grandes, que se cansaron de la situación. Antes no pasaba”, recalca. A su vez, también es importante la cantidad de denuncias en el rango de 35 a 45 años, al tiempo que considera fundamental reforzar la prevención desde la educación. En ese sentido, hay denuncias por noviazgos violentos en adolescentes. En esos casos, se acercan sus familiares cuando la víctima aún no percibe su vulnerabilidad.
Pese a que no hay una discriminación de las zonas de la región que reporten más casos de violencia de género, Ruffino señala que en el último tiempo se crearon oficinas dependientes de la Comisaría de la Mujer que abordan esta problemática en centros de alta densidad poblacional. La sede central de esa seccional en La Plata se encuentra frente a la estación de trenes, por avenida 1, y tiene jurisdicción en las 16 dependencias policiales del partido. “La idea fue ampliar el mapa porque la Convención Internacional exige acercar el Estado a las víctimas. La Comisaría de la Mujer se ha atomizado para llegar a los barrios, para garantizar la ayuda. Lo que se notó que evidentemente en ciertos sectores era necesario reforzar por una cuestión de cercanía porque había un cúmulo que así lo exigía. En el centro tenés acceso inmediato, en la periferia no”, explica. Las oficinas fueron localizadas en City Bell -jurisdicción de la Comisaría 10° y que abarca Villa Elisa, Gonnet, Arturo Seguí, Gorina-, Los Hornos, Barrio Aeropuerto -zona de las comisarías 5°, 8° y hasta 9°.
Las víctimas deben acercarse a denunciar directamente a la Comisaría de la Mujer, pero en los casos en los que se presentan en cualquier otra dependencia policial, las y los efectivos tienen que llevarla a la sede de 1 y 42. “Derivar no es decirle ‘vaya’. Derivarla es llevarla”, subraya Ruffino. Pero este paso no se cumple.
Ahí es donde juega la asignación de recursos. La comisaría especializada solo cuenta con un patrullero, que se consiguió hace pocos meses. En La Plata solo hay un médico para los reconocimientos de las víctimas. Los refugios no dan abasto, tienen régimen de admisibilidad y las mujeres reciben $7.000 de una sola vez, mientras que deben gestionarse por su propia cuenta las asignaciones, ni son consideradas una prioridad a la hora de poder acceder a un puesto laboral. No les dan ni pasajes gratis para irse de las ciudades en las que viven prácticamente presas para poder salvar su vida.
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“¿Por qué la víctima se retracta? Porque no tiene para darle de comer a sus hijos, no tiene casa porque vivía con él. Hay víctimas que vienen acá y dicen: ‘Me banco una piña, pero no que mis hijos se mueran de hambre y lloren’”, dispara. Y sigue: “¿Por qué no matan a más mujeres? Porque tenemos un Dios aparte”.
Cuando ocurre un femicidio, casi nunca hay denuncias previas. El Estado no llegó a anoticiarse del riesgo. En la fiscalía que dirige Mariana Ruffino ingresan 20 denuncias por día y asegura que con las detenciones han prevenido muertes. “Un gran porcentaje las hubiese matado”, dice la letrada, que intervino en 9.000 casos.
“Esta fiscalía, que remite exclusivamente al fiscal general -Héctor Vogliolo- tiene todo el apoyo, las herramientas, el personal y más de lo que podríamos o necesitaríamos tener, porque entienden la importancia y el trabajo que hacemos. Hay un compromiso con la violencia de género pocas veces visto”, asegura.
En vísperas a la quinta marcha contra la violencia machista, Ruffino no será parte de las nutridas columnas violetas y verdes: “Tengo que trabajar causas. No tengo que mostrar que soy la mejor fiscal del plantea, a mí me pagan para serlo. La única manera que se puede erradicar esto es con nuestro trabajo”.
