Según informaron en Trenes Argentinos, la empresa que opera el servicio de la línea, "debió llevarse a cabo el protocolo especial de investigación a cargo de la División de Investigaciones de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal", por lo que se estableció el cierre de la estación y la misma debió ser evacuada.
Los andenes y el hall del imponente edificio fueron desalojados de inmediato, pero más de 100 mil pasajeros se vieron afectados por la interrupción del servicio en las múltiples paradas de los diferentes ramales del tren Roca. En ese marco, cientos de personas se encontraron en los alrededores de la estación buscando colectivos y otros medios de transporte para poder regresar a sus casas después de una ardua jornada.
La intimidación pública es un delito penado con entre 2 y 6 años de prisión por el Código Penal Argentino. El artículo 211 establece que "se reprimirá al que, para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diera voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".
En este marco, la empresa recordó que el 13 de mayo último se detuvo a una persona de 28 años, que vive en Merlo, acusado de efectuar nueve amenazas de bomba en el tren Sarmiento. El 7, en tanto, se había identificado al autor de las amenazas de bomba en los trenes Roca y Mitre del último 30 de abril, siendo un detenido por robo agravado. Anteriormente, el 25 de abril, se había apresado a un adolescente acusado de haber sido el autor de las llamadas intimidantes a la estación de Constitución el día 23 en dos oportunidades.
El llamado causó serios inconvenientes y decenas de usuarios de la línea se volcaron a las redes para expresar toda su bronca contra el llamado que les complicó seriamente la vuelta a casa.
