sábado 08 de febrero de 2025

Juicio oral por un millonario robo de fondos públicos en La Plata

Hay varios platenses procesados en la causa que ya tiene pedido de debate público, pero las defensas apelarán la resolución del fiscal. Define el juez de Garantías del caso.

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Un pedido de juicio oral recayó sobre varios platenses acusados de un millonario robo de dinero del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. Se trata del expediente conocido como “caso Piedrita” en alusión al ex titular del organimos, Jorge “Piedrita” Rodríguez, quien estuvo prófugo a fines de 2018.

Se sospecha que los acusados formaron parte de una maniobra para fraguar órdenes de publicidad por un valor superior a los 18 millones de pesos entre los años 2013 y 2015.

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En la lista de acusados aparecen Alejandro Ramina, Marisa Ariznavarreta, Héctor Linghuitano, César Hernández y Néstor Vera junto a otros tres sospechosos son investigados como partícipes secundarios del delito de “peculado”.

En esta causa estuvieron detenidos el extitular de IPLyC, Jorge "Piedrita" Rodríguez y el extesorero de la entidad, Jorge Maggi, quienes se entregaron el pasado viernes 4 de enero en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 de La Plata donde tramita la causa.

En tanto un empleado y un funcionario fueron excarcelados bajo fianza ("caución real" en la jerga jurídica). Luis Mariano Bordenave, jefe del departamento de Publicidad, y Alejandro Selva, empleado de la repartición, recuperaron la libertad luego del planteo realizado por su abogado Marcelo Peña, según lo dispuso el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, en la resolución a la que accedió este medio.

Según la investigación, entre abril de 2013 y 2015, se iniciaron expedientes para generar órdenes de publicidad apócrifas en favor de personas con las que los acusados estarían en connivencia.

La denuncia había sido radicada en 2016 por el entonces director de Lotería de la provincia de Buenos Aires, Eugenio Melitón López, tras una auditoría que realizó en el organismo cuando asumió el cargo. La presentación judicial recayó en la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, quien luego pasó al área de juicios orales y en su lugar asumió Hugo Tesón, quien luego de una intensa y puntillosa investigación dictó el cierre de sumario del expediente y solicitó que el caso sea ventilado en juicio oral.

En las más de 250 fojas que posee el requerimiento de juicio, el fiscal hace un análisis pormenorizado de la maniobra desplegada para desviar fondos públicos en beneficio de particulares. Además enumera prolijamente las pruebas de cargo para cada uno de los procesados. Pese al millonario faltante de dinero, nadie llegará detenido al juicio. La Cámara Penal de La Plata otorgó el beneficio de la libertad a los ex funcionarios que fueron detenidos.

En rigor el caso estuvo encuadrado como asociación ilícita, malversación de fondos públicos y peculado, pero solo quedó en pie la última de las figuras penales.

El peculado es un delito que solo pueden cometer los funcionarios públicos y generalmente es excarcelable, según el antecedente del caso Gabriel Maidana, el ex administrador del Hipódromo de La Plata, procesado por vender ilegalmente en Chile los derechos de televisación de las carreras.

Ese expediente comenzó en 2017 luego de una denuncia para Maidana, quien estuvo a cargo del circo hípico platense desde el año 2012 hasta 2015. Se sospecha de manejos irregulares de fondos: la venta ilegal de los derechos de televisación de las carreras para que se emitan en las pantallas del Club Hípico Concepción de Chile. Fuentes judiciales recordaron que en el expediente se acreditó que Maidana todos los meses cruzaba la Cordillera de los Andes y embolsaba 120 mil dólares que, se sospecha, iban a engrosar su patrimonio personal.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, integrada entonces por los jueces Laura Lasaga, Ricardo Szelagowski y Sergio Almeida, tienen para este tipo de delitos el criterio de otorgar la excarcelación a cambio del pago de una fianza, para que el acusado transite el proceso en libertad, siempre que el encausado no registre antecedentes y se haya sometido a cada requerimiento judicial previo a su detención es decir, esté “ajustado a derecho” en la jerga tribunalicia.

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