"Sus familiares, amigos y amigas la buscan, el poder judicial y político no". Bajo ese lema, organizaciones sociales y políticas, familiares y allegados de Johana Ramallo, se manifestaron el viernes pasado frente a los tribunales de 8 y 50. A 21 meses de la desaparición de la joven, volvió a circular de información por fuera del expediente, que cambió de manos y quedó –sugestivamente- bajo secreto de sumario.
Este martes surgieron versiones sobre la posible identificación de un cuerpo como perteneciente a la chica, que vieron por última vez el miércoles 26 de julio de 2017. Se trataría del cotejo de ADN, que puede responder a un aspecto que no se había analizado antes o a que recién ahora la Justicia cuenta con los recursos para hacerlo.
Previo a que comenzara a correr el dato, había finalizado el período de subrogancia del juez Ernesto Kreplak y Adolfo Gabino Ziulu asumió sus funciones. Desde septiembre del año pasado, el fiscal de la causa es Guillermo Ferrara. En ese marco y a pocas horas de los movimientos judiciales, llamó poderosamente la atención el dictado de secreto de sumario en una causa que lleva tanto tiempo sin novedades.
La expectativa en torno al caso volvió a crecer y la familia de la joven sacó un comunicado. “Hemos recibido muchos llamados preguntando sobre trascendido en la búsqueda de Johana Ramallo, frente a lo cual la querella informa que la causa está en secreto de sumario y que hablará con la prensa cuando se levante el mismo”, expresaron. Fue la manifestación, luego silencio y más hermetismo. La imagen de Johana quedó grabada en la memoria del sistema de seguridad de una estación de servicio YPF en la esquina de 1 y 63. Eran las 20.17: entró al baño, permaneció unos minutos y volvió a salir. Caminó apresurada hasta perderse fuera del alcance del objetivo de la cámara. Nunca más se supo de ella.

La causa estaba caratulada como “averiguación de paradero”, pasó a ser investigada como “trata de personas” y quedó a cargo de la Justicia Federal, pero hasta hoy no hay ningún imputado. Si bien todas las líneas de búsqueda de Johana apuntan a hallarla con vida, resulta fundamental realizar en paralelo el rastreo e identificación de cuerpos NN en hospitales, morgues y cementerios de manera constante y efectiva. Una tarea que, según un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) -dependiente del Ministerio Público Fiscal-, no resulta sencilla.
Como contó 0221.com.ar, más allá del caso de Johana, el trabajo indica que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha relevado un total de 5.329 actas de defunción de personas con identidad desconocida en todo el país. De estas anotaciones, 3.015 fueron informadas con sus respectivas huellas dactilares, mientras que en 2.314 casos las actas no se acompañaban con registros dactiloscópicos. Si bien del total de actas de defunción pertenecientes a cuerpos NN, el 68 por ciento (3.615) corresponden a varones y el 17 por ciento (930) a mujeres -mientras en 784 actas (15%) no se especifica el género-, las búsquedas de paradero abiertas corresponden principalmente (54%) a niñas y mujeres, en especial de edad adolescente.
Las regiones que exhiben una mayor concentración de casos son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidas por las provincias de San Juan, Santa Fe y Mendoza. En el trabajo se señalan los inconvenientes derivados de la falta de mecanismos a nivel estatal para compartir información, así como la ausencia de protocolos de actuación frente al hallazgo de un cadáver sin identificación. En esa misma línea, se apunta como indispensable la necesidad de complementar toda identificación de cadáveres con muestras de ADN para complementar la huella dactiloscópica.
El expediente judicial está repleto de testimonios de personas que aseguran haber visto a Johana sin que en ningún caso se hayan podido confirmar esos dichos. En estos meses, los operativos para dar con la joven se multiplicaron sin resultado alguno a los ojos de la familia y sus allegados. Hasta el momento la Justicia rastreó a Johana en una docena de barrios de las afueras del casco platense como Villa Elvira, El Paligüe, Villa Alba y, entre otros, Altos de San Lorenzo. Al último de los lugares citados se llegó luego de un testimonio en el que se aseguraba que Johana estaba allí viviendo con un novio que regenteaba un desarmadero de autos. El operativo dio con el sujeto y su pareja, que se llamaba Johana, pero no era quien se está buscando.

El último gran operativo se realizó hace casi un año, el 7 de mayo pasado: un allanamiento en la Unidad Penal N°34 de Melchor Romero. Hasta allí se había llegado por una denuncia recibida en la organización Madres de Víctimas de Trata, que sostenía que una mujer había estado durante años cautiva en un sótano de la citada cárcel. Fue negativo.
Marta Ramallo está convencida de que en la desaparición de su hija intervinieron proxenetas que operan en la zona roja con la complicidad entre miembros de la Bonaerense. El 26 de abril volvió a los tribunales de 8 y 50, donde exigió una audiencia al juez Ziulu, para saber cuáles son las líneas de investigación que se están llevando adelante. “Vengo a plantear lo mismo que al juez anterior: que hay impunidad y falta de respuestas porque con tanto tiempo no sabemos nada de Johana”, dijo días atrás. Con un metro y medio de altura, delgada, de tez blanca, cabello lacio y ojos marrones el destino de la joven que entonces tenía 23 años y aquella noche destemplada vestía una campera azul, un jean negro nevado y llevaba zapatillas blancas es, desde entonces, un verdadero misterio.