La causa penal aún abierta por la trágica inundación que golpeó a La Plata los días 2 y 3 de abril de 2013 registró movimientos en las últimas horas. Uno de los particulares damnificados que fue aceptado en el expediente recusó al fiscal Hugo Tesón y tras la resolución de ese incidente solicitará que se cite a declarar como testigo a Luis Arias, ex juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
Arias, en su sentencia sobre lo ocurrido tras la siniestra lluvia, estableció que fallecieron “al menos” 89 personas. Durante la sustanciación del expediente realizó denuncias sobre posibles irregularidades en la confección de certificados de defunción y manejos de cuerpos en la morgue policial que funciona en el Cementerio de La Plata. Todas las denuncias fueron archivadas por el fiscal Jorge Paolini. En la marcha este martes 2 de abril, el reclamo por "justicia" fue uno de los ejes centrales de la convocatoria.
Marcelo Peña, abogado del denunciante Ricardo Wagner, confirmó a este medio que tras la declaración testimonial de Arias pedirá “al Fiscal General de La Plata (Héctor Vogliolo) que ordene el desarchivo de las causas y se sigan investigando”.
Luego del naufragio de la capital bonaerense, hubo decenas de denuncias que apuntaban a investigar distintos tipos de delitos. Las mismas se agruparon en tres grandes grupos. Uno de ellos es el que indaga sobre las responsabilidades políticas de la tragedia.
El primero de los tramos de ese bloque quedó cerrado el miércoles 6 de marzo con el juicio a Sergio Ariel Lezana, ex titular de Defensa Civil de La Plata al momento del desastre, con raíz en una lluvia extraordinaria sumada a la falta de obras de infraestructura y mantenimiento, que eras responsabilidades de las gestiones de Daniel Scioli como gobernador y Pablo Bruera como intendente. Junto a ellos, corre la suerte de varios ex funcionarios provinciales y municipales.
Antes del inicio del juicio oral para Lezana (que se cerró con el pago de una multa de $12.500 más la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos), la jueza Claudia Grecco había hecho lugar a una instrucción suplementaria (producción de nuevas pruebas) para ser expuesta en el debate oral. “Todo ese material producido puede ser incorporado sin problemas a la causa en trámite”, detallaron las fuentes judiciales consultadas.
Durante la investigación Arias tuvo varios enfrentamientos con otros magistrados penales. Las contiendas llegaron hasta la Suprema Corte bonaerense que definió el conflicto de competencias. Uno de los enfrentamientos fue con el fiscal Paolini, cuestionado por familiares de víctimas fatales, sobrevivientes e inundados, por su labor tanto en la instrucción como en el juicio.
OCULTISMO EN LA MORGUE
Se sospecha que hubo desapariciones y desvío de cadáveres en la morgue policial, donde el hermetismo informativo fue total en 2013, tal como reflejó el sitio web de la revista La Pulseada. También es objeto de cuestionamientos que en la lista de fallecidos reconocida por el gobierno de Scioli no figuren menores de edad.
En abril de 2014 el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) presentó un recurso de Habeas Data con el fin de “conocer la modalidad en el registro de ingreso de los cadáveres” de lo que podía considerarse “una máquina de desaparición”. Pidió que se prohibiera el ingreso de nuevos cuerpos hasta que no se investigaran las irregularidades en su funcionamiento de parte de la policía científica.
El entonces juez Arias, accedió al pedido del CIAJ y clausuró la morgue, que permaneció tres meses cerrada y volvió a abrir por un fallo de la Cámara de Apelaciones del fuero.
En marzo de 2015, Arias condenó al Poder Ejecutivo bonaerense a confeccionar, en el plazo de 60 días, un protocolo de actuación para el ingreso, la rotulación y entrega e inhumación o cremación de cadáveres en la morgue.
El fallo también obligaba al gobierno a dotarla en menos de seis meses “de una infraestructura edilicia adecuada para la preservación de los elementos de prueba allí alojados, y la seguridad e higiene del personal que presta funciones”.
Nunca se cumplió. La Fiscalía de Estado bonaerense apeló esgrimiendo que se “avasallaba” la figura del hábeas data y que no había existido “obrar arbitrario o irrazonable” del gobierno provincial.
En febrero de 2016, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo rechazó esa apelación y confirmó la sentencia de Arias. Según los camaristas, el juez no se había extralimitado: “No se trata de una interferencia de la justicia sobre la administración sino la determinación de un mandato acorde a la contienda, para decidir el caso, mandato que ordena la implementación del protocolo de actuación bajo las pautas jurídicas que establece”.
La Fiscalía interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que en diciembre de 2018 también fue rechazado. Ahora debería regularizar el funcionamiento de la Morgue, según informó el CIAJ en su cuenta de la red social Facebook.
