La Suprema Corte de justicia bonaerense emitió una resolución en la que dejó sentado los problemas económicos que surca al Poder Judicial provincial, apalancado en el congelamiento presupuestario sumado al aumento de tarifas y el alquiler de los inmuebles en los que funcionan distintas dependencias judiciales. Esta situación pone en crisis el avance en la construcción de varios edificios, entre ellos dos que se erigen en La Plata.
Las dificultades económicas jaquean el avance en las obras de calle 45 entre 13 y 14, donde está planificado que funcione la nueva sede de los juzgados Contenciosos Administrativos de La Plata. También el de calle 43 entre 12 y 13, donde está planificada la mudanza de Casación, la máxima instancia Penal de la provincia de Buenos Aires, que está radicada en la capital bonaerense.
El cuadro de situación fue informado mediante una resolución firmada por todos los ministros. Señalaron que la Ley de Presupuesto General de 2019 para el Poder Judicial implicó una fuerte reducción en las partidas destinadas a dar continuidad a las obras gestionadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encaminándolas a su paralización.
El pronunciamiento notificado al Poder Ejecutivo también mencionó el impacto en el incremento de tarifas sobre rubros indispensables para la prestación del servicio de Justicia, tales como servicios públicos, alquileres de edificios, mantenimientos preventivos de instalaciones, etc., con una asignación de recursos para este año similar a la de 2018.
Las gestiones comenzaron el 27 de febrero pasado ante la cartera económica que conduce Hernán Lacunza, desde donde le dieron como única solución hasta el momento que readecuen partidas presupuestarias “a los fines de permitir la continuidad de las obras y solventar los gastos de funcionamiento para el segundo semestre del año”. Desde la Corte consideran que esos lineamientos “no solo resultan impracticables sino una intromisión en la gestión y organización de sus recursos para la administración del servicio”.
Con la firma de Eduardo Néstor de Lázzari, Héctor Negri, Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan y Eduardo Julio Pettigiani, el tribunal supremo reiteró la necesidad de contar con refuerzos presupuestarios para afrontar “los gastos por alquiler de inmuebles, los costos emergentes que supondrían las extinciones de locaciones y gastos no previsionados en caso de requerirse el resguardo de las obras inconclusas”.
En el cierre del documento oficial los magistrados afirmaron que están obligados de hacer saber que “la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años, dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia que promueve el Tribunal desde hace años, con la finalidad de dar respuesta a las acuciantes necesidades en materia de infraestructura edilicia y modernización tecnológica”.
La emisión de este documento es uno de los primeros actos de gestión de Eduardo de Lázzari al frente de la presidencia de la Corte, en la que se da cuenta que la inflación, los aumentos de tarifas y alquileres producto de las políticas económicas de Cambiemos ponen en estado de turbulencia permanente al servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires, la mayor productora de producto bruto interno del país y la que, comparativamente, recibe menos recursos del Estado nacional, lo que prolonga la agonía de los bonaerenses.
No es la primera vez que los máximos responsables del Poder Judicial le muestran los dientes al Ejecutivo. El 5 de julio de 2018, en tándem con el procurador ulio Marcelo Conte Grand y el Colegio de Magistrados bonaerenses, reclamaron actualizar los salarios judiciales por inflación.
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