Tres pedidos de detención recayeron sobre dos sacerdotes y un ex empleado del Instituto Próvolo de La Plata acusados de abusos sexuales dentro de la institución. Son los sacerdotes Nicolás Corradi y Eliseo José Pirmati y un hombre que no era religioso pero trabajaba en el instituto ubicado en 47 y 25.
Corradi ya está detenido en Mendoza, por delitos similares cometidos en el instituto de esa provincia, mientras que Pirmati, de 82 años, se encuentra alojado en un asilo en Italia, por lo que se pedirá su extradición. En tanto, efectivos policiales buscan al ex trabajador del instituto.
Cabe mencionar que la conmoción se desató en 2016 cuando la Justicia comenzó a investigar los vejámenes a los que habrían sido sometidos niños con hipoacusia entre 1982 y 1991, pero en la sede de Luján de Cuyo, en Mendoza. Esta trama ya tiene un condenado.
En La Plata fueron siete las personas que denunciaron haber sido abusadas por sacerdotes y laicos consagrados.
La causa es investigada por la fiscal Cecilia Corfield cuya pesquisa fue avalada por el juez de Garantías Jorge Moya Panisello, quien dictó las órdenes de detención solicitadas tras analizar "la pena en expectativa de los delitos y por las características de los hechos en torno a la edad de las víctimas y la extrema, sistemática e inusitada violencia desplegada para su comisión que nada la distingue de la aplicación de tormentos e imposición de torturas", según se desprende del documento judicial.
El Próvolo depende exclusivamente del Vaticano."El arzobispado no tiene autoridad en esta institución. Se trata de una congregación a nivel mundial, que actualmente está intervenida por el obispo auxiliar, designado por el Papa", sostuvo la fiscal.

Las siete presuntas víctimas vejadas en La Plata ya no viven en la ciudad. Tienen domicilios en Salta, Tucumán, Chaco y Mendoza.
Uno de los peligros procesales que tiene esta causa es la prescripción por el paso del tiempo. Recientes modificaciones indican que el conteo para la prescripción comienza cuando la víctima cumple 18 años de edad. Esa ventana de tiempo procesal les permitió a los investigadores (en este caso) ganar de 10 años de tiempo. Pero esa modificación al marco legal vigente no lo estaba al momento de los abusos y, por aplicación de la ley más benigna, las defensas de los curas abusadores podrían dejar sin efecto la reforma legal y garantizar la libertad e impunidad de los sacerdotes señalados.