Las conocidas aplicaciones de mensajería y reparto de comidas sufrieron un duro revés en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Justicia local le ordenó al Gobierno que prohíba su funcionamiento hasta que cumplan con los requisitos mínimos estipulados en el Código de Tránsito y Transporte.
El fallo del juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado N°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, exige que se suspenda "de manera inmediata" la actividad de las firmas Rappi Arg. S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo) y Pedidos Ya S.A., porque "transgreden la normativa vigente" comprendida en el capítulo 13 de la normativa.
La medida causó un fuerte revuelo entre los repartidores y llegó a La Plata, donde los cadetes vienen reclamando por las pésimas condiciones en que trabajan y los múltiples asaltos de los que son víctimas. En ese marco, los repartidores de Glovo, fundamentalmente, realizaron manifestaciones y hasta un paro, apagando la asignación automática de pedidos en sus cuentas, en un intento por hacer colapsar la aplicación.
Los cadetes de estas firmas no podrán volver a las calles porteñas hasta que no se garantice "que todos circulen utilizando casco", que "la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda" del conductor, que posean "seguro de vida y accidentes" y "libreta sanitaria" y que los rodados "cuenten con adecuada señalización mínima (luminosa y refractaria)".
En ese marco, el Juez ordenó que se diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de los repartidores hasta que se normalice la situación, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
A requerimiento del juzgado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un relevamiento de más de 400 ciclorodados que arrojó que el 77% circula con el portaobjetos cargado en su espalda, el 70% desempeña tareas sin seguro alguno, y 67% circula sin casco. A partir de ese estudio, el magistrado indicó que el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias llevado a cabo en la CABA por las firmas prestatarias (…) se realiza en franca transgresión a la normativa vigente y sin que se les exija al menos, dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad".
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