El proyecto de prohibición de la actividad de los trapitos ya generó revuelo en la ciudad. Se trata de una medida impulsada por los diputados oficialistas Matías Ranzini, titular de la Comisión de Seguridad; y Guillermo Castello, quien preside la de Educación.
El objetivo de la iniciativa es generar una "herramienta de protección" a quienes transitan las calles y se topan con cuidacoches y limpiavidrios, que no cuentan con autorización legal. "Se apropian del espacio público, extorsionando y apretando a los ciudadanos", argumentaron en el controvertido texto de la iniciativa.
En concreto, se propuso sancionar a quienes exijan el pago de un servicio "no solicitado" y estarán alcanzados hasta quienes no pidan dinero a cambio por ese trabajo: el texto de la norma aclara que será apercibido aquel trapito que se ofrezca "de manera gratuita, onerosa o a cambio de una retribución voluntaria". Como cualquier contravención, la pena será una multa o arresto. En tanto, se agrava al doble si portan elementos que podrían usarse como armas.
Al respecto, Ranzini sostuvo que el proyecto "ataca el primer eslabón de una cadena mafiosa que hay detrás" y que permitirá terminar con las "situaciones de tensión" y "muchas veces de violencia" que se dan con los cuidacoches.